(ARCHIVO)
Por omisiones en la aplicación de la legislación ambiental, relativas al Tramo 5 Sur del Tren Maya, seis organizaciones civiles y 19 ciudadanos presentaron la intervención de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), invocando las disposiciones previstas en el capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y CanasOLICdá (T-MEC).
Los peticionarios son las organizaciones Moce Yax Cuxtal, el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), Jaguar Wild Center, la Red de Capacitadores Socioambientales, Sélvame del Tren, Cenotes Urbanos de Playa del Carmen y 19 personas en lo individual que, en conjunto, aseguran que México está incurriendo en "omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental" en torno al Tramo 5 Sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum.
La CCA informó que el Secretariado comenzó a revisar la petición, con número SEM-22-002- Tren Maya y cuenta con 30 días para examinar la petición y determinar si ésta satisface los requisitos establecidos en los artículos 24.27 (2) y (3) del T-MEC.
En la petición se expone que el proyecto se sometió extemporáneamente al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), violentando la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, además de la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Aguas Nacionales.
También se indica que entre los instrumentos violentados por el gobierno mexicano se encuentran el Acuerdo de Escazú, el Pacto de San José de Costa Rica, el Protocolo de San Salvador y la Declaración de Río.
"En particular los peticionarios afirman que México incumplió el carácter preventivo del PEIA y sostienen que, debido a la fragmentación del proyecto en varios segmentos, no se consideraron los impactos ambientales significativos, acumulativos, sinérgicos, directos, indirectos y residuales", se lee.
La CCA señaló que también se expone en la petición, que los estudios de suelo y geofísicos son inadecuados porque no consideran la fragilidad del sistema kárstico y del suelo de la Península de Yucatán, lo que resulta en elevados riesgos de hundimiento de la infraestructura, así como probables accidentes durante el transporte de combustible.
"La petición también señala las carencias en lo relativo al riesgo de los talleres para la carga de combustible y el mantenimiento, así como la falta de consideración de las especies en peligro de extinción en la zona", se indica.
