La iniciativa de reforma busca limitar al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión.
Diputados comenzaron la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que se espera que pase al pleno en abril.
Recordó Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que "tiene ya seis meses de presentada (ante el Legislativo), no puede ser apresurada, no puede haber premura, no puede haber una objeción en cuanto al tiempo, si tiene seis meses. Y para trabajar el Legislativo, pues cualquier día puede ser habilitado y cualquier día es posible".
En ese sentido, señaló que a partir de la instalación de las Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales en sesión permanente, todos los grupos parlamentarios podrán emitir sus consideraciones sobre la propuesta.
La iniciativa de reforma busca limitar al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta semana trascendió que Morena pretende que la reforma eléctrica sea discutida y aprobada en el Legislativo durante la Semana Santa.
Los diputados de oposición criticaron la premura en la que se pretende debatir y analizar esta reforma constitucional.
Antes de ser debatida, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo un Parlamento Abierto en la Cámara Baja con políticos, analistas y representantes del sector para evaluar la propuesta de reforma; cabe recalcar que algunos dueños de empresas de generación de energía eléctrica rechazaron el llamado de los parlamentarios para exponer sus argumentos.
ESTADOS UNIDOS LLAMA A RESPETAR CONTRATOS
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, externó su preocupación por la reforma.
El diplomático afirmó que en el futuro, se requerirá un marco legal que refuerce la relación bilateral, a través del impulso de las energías renovables.
Salazar pidió a los diputados priorizar el respeto de los contratos ya pactados para evitar el retiro de inversiones por parte de empresarios estadounidenses.
MINISTRA DEFIENDE EL FORTALECER A LA CFE
Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia, sostiene que es válido fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluso bajo las reglas de la reforma de 2014 que abrió la generación eléctrica a las empresas privadas.
Además, considera legítimo que se dé prioridad al despacho de energía generada por centrales que no sean eólicas o solares, aunque su costo sea mayor, ya que estas últimas son intermitentes y no garantizan la estabilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La Corte publicó tres proyectos de Ortiz, agendados para discutirse en el pleno el 5 de abril, que avalan la reforma de marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el presidente.
"Se debe entender que el fortalecimiento de una empresa productiva del Estado como lo es la CFE forma parte de las atribuciones estatales para fortalecer la soberanía nacional, el crecimiento económico, y una distribución más justa de la riqueza", dice el proyecto de la acción 64/2021.
La ministra cita tratados internacionales y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para justificar la obligación del Estado de garantizar el acceso al servicio eléctrico.
Un punto crucial de la discusión será la reforma a los artículos 3 y 26 de la LIE, para priorizar el despacho de energía generada por centrales legadas, tanto propiedad de CFE, como las construidas por empresas privadas en el esquema de productores independientes.
Actualmente, estas últimas sólo le venden energía a CFE Suministrador de Servicios Básicos, lo que el proyecto no especifica. Ortiz Ahlf considera válido que los llamados costos marginales, que para eólicas y solares son casi de cero, no sean el criterio principal para el despacho de energía.
La reforma a la LIE creó los Contratos de Cobertura Eléctrica con Compromiso de Entrega Física que, según demandas, sólo pueden ser celebrados por la CFE y que tienen preferencia sobre energía adquirida en subastas donde el criterio es el económico.
El proyecto también justifica el acceso a la Red Nacional de Transmisión "cuando sea técnicamente factible", pues hay casos en dicha conexión que puede ser riesgosa para el SEN.
Se rechazan, asimismo, alegatos de que México viola sus compromisos internacionales en materia de energías limpias y, en general, todos los argumentos sobre posibles aumentos a tarifas y otras afectaciones a los consumidores.
