Coahuila no ha recibido 95 mdp pendientes del caso de corrupción.
El Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila no ha recibido los 95 millones de pesos pendientes del caso de corrupción Ficrea, que años atrás fueron invertidos en el Fondo para la Mejora de la Administración de la Justicia.
Miguel Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, explicó que quedan 95 millones de pesos pendientes, de más de 120 millones que era el monto original, pero indicó que se busca que se vaya cubriendo mensualmente hasta concluir el adeudo que se tiene.
Señaló que el no contar con este recurso resulta una limitante para la generación de infraestructura y modernización de equipamiento en el Poder Judicial.
"Estos recursos son necesarios para poder generar infraestructura, para poder modernizar todo lo que tiene que ver con los equipos de cómputo, ayudaría enormemente contar con 95 millones de pesos frente a la falta de apoyo y presupuesto que la Federación no le da a los poderes judiciales, que se mantienen actualmente del presupuesto local, del presupuesto estatal, que no puede crecer a partir de las reducciones que la Federación le hace al estado", expresó.
Mery Ayup dijo que el de Ficrea se trata de un juicio que ha tenido avances, en cuanto a que hay personas detenidas, que hasta hace unos meses seguían libres, por lo que consideró que esto podría ayudar a que se acelere el proceso de resarcir el daño, que en este caso, el Poder Judicial de Coahuila, como uno de los acreedores, tiene por el monto en mención.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia dijo que la cantidad es necesaria para incrementar la plantilla laboral, pues se requiere al menos de contratar 130 jueces más, así como disminuir la sobre carga de trabajo, la cual es de 700 asuntos por cada mes por juez.
El caso sigue su curso dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Fue a partir de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) dio vista a la denuncia ante esta fiscalía, cuando se iniciaron indagaciones, por lo que resta esperar a que se determine si hay o no causa penal.
En el año 2010, el Consejo de la Judicatura, encabezado por Gregorio Pérez Mata, autorizó la inversión del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia por cerca de 150 millones de pesos. No obstante, fue en el 2018 que se presentaron las denuncias por estos actos, pero dentro de la indagación, solo se reconoció la inversión de 126 millones de pesos.
