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Este lunes 26 de septiembre, se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, ante un panorama de reclamos por parte de los padres de los jóvenes y sus compañeros, pero con algunos avances por parte del Gobierno de México, cuyo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, prometió incluso antes de llegar a la presidencia que el caso se esclarecería.
SU DESAPARICIÓN EN DOS VERDADES
Según el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), policías corruptos de Iguala, Guerrero, detuvieron a los estudiantes de la escuela normal para maestros de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando tomaron autobuses para ir a la marcha del 2 de octubre en la capital.
La versión de la Administración de Peña Nieto, que llamó "la verdad histórica", indica que los agentes entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula tras un ataque que dejó seis muertos, además de los 43 desaparecidos.
Pero los familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuestionaron la "verdad histórica" al señalar que no pudieron quemar los cuerpos en ese lugar.
LOS ESTUDIANTES IDENTIFICADOS
Además, la Comisión de la Verdad, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras asumir en 2018, identificó en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez y en junio pasado de Jhosivani Guerrero en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero y sin marcas de fuego.
Por ello, el Gobierno de López Obrador considera que este hallazgo "derrumba" la "verdad histórica" de Peña Nieto.
A la par de los casos de los estudiantes Christian y Alfonso, las autoridades identificaron los restos de Alexander Mora en diciembre de 2014.
¿POR QUÉ DESAPARECIERON LOS ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA?
El más reciente informe de la Comisión para la Verdad, presentado el pasado 18 de agosto, concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un "crimen de Estado", en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
Pocos días después, el 26 de agosto, los padres de los jóvenes aseguraron que seguirán buscando a sus hijos con vida, hasta que haya pruebas "objetivas, científicas e indubitables" de que están muertos.
Aun así, reconocieron la importancia de que el Gobierno de México estableciera con claridad la participación de las fuerzas armadas y otras autoridades, pero recordaron que ya desde hace años las familias y diversas organizaciones venían diciendo que era un crimen de Estado.
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa acudieron a la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero, en el sur del país, a tomar autobuses para usarlos en protestas, pero fueron atacados por distintas fuerzas de seguridad y autoridades coludidas con el crimen organizado. No está claro el móvil, pero se ha afianzado la idea de que uno de los autobuses que se llevaron estaba vinculado al tráfico de heroína.
La versión oficial del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cual se centra en que los 43 estudiantes fueron entregados al cártel local Guerreros Unidos, quemados en un basurero esa noche y sus restos arrojados a un río, ya está descartada. Se ha comprobado que los jóvenes fueron desaparecidos en grupos, que participaron más actores y uno de los restos identificados se encontró en otro lugar.
AVANCES EN EL CASO
Siempre se supo que el Ejército Mexicano tuvo conocimiento en tiempo real de lo que estaba pasando porque la noche del 26 de septiembre había militares en lugares clave de Iguala y en el centro de coordinación de seguridad.
En 2015, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en ese entonces, garantizó que el Ejército Mexicano no tenía ninguna responsabilidad en los hechos ni por acción ni por omisión. Los datos obtenidos por la Comisión de la Verdad dicen lo contrario.
Según explicó su presidente, Alejandro Encinas, seis de los 43 estudiantes fueron mantenidos vivos en una bodega algunos días y presuntamente entregados al comandante de la base militar en Iguala, quien habría ordenado su ejecución.
Mensajes telefónicos divulgados por la Comisión, parcialmente tachados, apuntan a que hubo soldados que manipularon y escondieron presuntos restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala. Algunos medios de comunicación obtuvieron una versión íntegra del texto, la cual afianza esa versión.
El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el 22 de agosto que no habrá impunidad para quienes participaron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y "aseveró que están siendo juzgados", después de la detención Jesús Murillo Karam, extitular de la entonces Procuraduría General de la República.
Fue el 19 de agosto cuando se dio la detención de Murillo Karam, acusado por la Fiscalía de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la Justicia.
El Gobierno de México también busca extraditar de Israel desde septiembre de 2020 a Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, considerado uno de los autores clave de la "verdad histórica".
Además, pocas horas después se anunció que se había emitido orden de detención en contra de 83 personas, entre ellas 20 mandos militares y otros cargos de los batallones de la ciudad de Iguala.
La semana pasada fueron detenidos el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabian Alejandro Pirita Ochoa.
Anteriormente habían sido detenidas más de 100 personas -entre ellas integrantes del cártel de Guerreros Unidos, policías federales y municipales- pero algunos de ellos fueron liberados.
LAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA DEL CASO AYOTZINAPA
La gran incógnita, ocho años después, continúa siendo dónde están los 43 estudiantes, aunque se encontraron restos de tres de ellos.
Pero también se desconoce, en caso de que hubieran sido ejecutados, quién fue la persona que dio la orden y cuál fue el motivo, puesto que las teorías que se manejan todavía son varias.
Tampoco se sabe con precisión si había algún vínculo entre autoridades de diferentes niveles con el narcotráfico ni, de haberlo, cuál sería.
Por último, se desconoce por qué el Gobierno de Peña Nieto creó la "verdad histórica".
