García Bosque señaló que el objetivo es analizar los expedientes y solicitar actos de investigación. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Con la finalidad de analizar al menos 90 carpetas de investigación presentadas por diversos delitos cometidos por servidores públicos, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) y la representante legal de la asociación civil Familias Unidas En La Busqueda Y Localizacion de Personas Desaparecidas, crearon una mesa de trabajo y se reunieron en el municipio de Piedras Negras.
El encuentro se realizó en las instalaciones de la delegación norte I de la FGEC con sede en Piedras Negras y deriva de las reuniones plenarias que tienen periódicamente con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solis y las diferentes organizaciones de familias de personas desaparecidas, donde también se han planteado estos caso.
José Ángel Herrera Cepeda, titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, reveló que el pasado jueves se realizó una reunión con Ariana Denise García Bosque, representante legal de la asociación civil Familias Unidas, derivado de un acuerdo que tuvo el fiscal Gerardo Márquez con la mencionada abogada, que trae varios tema en diferentes áreas de la FGEC que se pusieron sobre la mesa.
"Los acuerdos fueron, precisamente, iniciar una mesa de trabajo con la representante de este colectivo no solamente en el tema de desaparecidos, si no de otros temas que atañen al colectivo y bueno… ese fue uno de los objetivos principales. Se fijaron acuerdos de iniciar esta mesa de trabajo en conjunto con su desapacho en compañía de Ministerios Públicos para ir avanzando en los trámites que sus representados tengan pendientes".
García Bosque refirió que está es la segunda reunión en la mesa de trabajo y que la autoridad no cumplió con uno de los acuerdos, que consistía en la solicitud de la copia digitalizada de los expedientes donde inicio como defensora particular y posteriormente como asesor jurídico.
Manifestó que algunos corresponden a casos de tortura que han sido señalado tanto para audiencias ante los juzgados, que se dieron vista y otras que nacen desde las declaraciones ministeriales.
García Bosque señaló que el objetivo es analizar los expedientes, solicitar actos de investigación y en su caso, acordar la suspensión de los elementos que aparecen como probables responsables en estás indagatorias. Y es que suman 90 las carpetas de investigación en las que aparece como asesor jurídico y que no le fueron entregadas.
"El compromiso es que se nos vayan otorgando éstas carpetas de investigación para ir analizando que falta en cada una de ellas y generar una acción, tomando en cuenta que el delito de tortura es de persecución oficiosa; es decir, no depende si la víctima quiere o no quiere continuar con el caso", advirtió la abogada.
