Ismael Leija Escalante, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato. (Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)
A dos años del desfalco y quebranto económico a las arcas de la sección 288 del Sindicato Nacional Democrático, el gremio continúa a la espera de que se haga justicia para recuperar por lo menos los 7.5 millones de pesos del fondo pro huelga, de los 18 millones que tres líderes desviaron.
En mayo de 2020 quedó expuesto el desfalco a las cuentas bancarias de la sección 288 del Sindicato Nacional Democrático.
Ese mes los socios del organismo debían recibir el fondo de resistencia, que cada año ahorran para enfrentar una posible huelga. La dirigencia local informó al Comité Nacional que no tenían recursos suficientes para pagarlo.
Una auditoría reveló que de las diferentes cuentas bancarias fueron extraídos 18 millones de pesos, de los cuales 7.5 correspondían al fondo de resistencia o pro huelga.
El secretario general Patricio "Q"; el tesorero Francisco "B"; y el presidente del Consejo Local de Vigilancia y Justicia, Jorge "A", todos de la sección obrera local, fueron removidos de sus cargos y se les abrió un juicio interno en el sindicato, así como una demanda penal por administración fraudulenta y lo que les resulte.
Ismael Leija Escalante, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, señaló que la justicia es demasiado lenta.
Expuso que han pasado dos años desde que fue descubierto y denunciado el desfalco, y los acusados, suspendidos de sus derechos sindicales, siguen como obreros activos en la empresa, no están en prisión ni muestran interés por devolver el dinero que tomaron.
Agregó que los acusados, a través de argucias y procedimientos legales han alargado un juicio penal por dos años, lo que evidencia que la justicia no es expedita.
No hay fecha para la próxima audiencia, los jueces salieron de vacaciones y no hay autoridad que le dé seguimiento al proceso.
La Sección 288 a base de recortes en sus gastos ha subsanado algunos de los faltantes, ha recuperado recursos del dinero sustraído a las cuentas y prestado a trabajadores, pero los siete y medio millones de pesos del fondo pro huelga siguen perdidos.
“Cada vez que hay que pagar el fondo a los trabajadores, el sindicato tiene que pedir prestado para reembolsar a los obreros todo lo que ahorraron, y eso le cuesta a la Sección 288 como 300 mil pesos en intereses”, sostuvo Leija Escalante.
El sindicato, al presentar la denuncia ante el Ministerio Público con todas las pruebas, esperaba que en cuestión de semanas las autoridades recuperaran el fondo de resistencia, pero al cumplirse 26 meses de los hechos, ven que está más lejos la reparación al quebranto económico de los trabajadores.
