El gobierno de Coahuila sostuvo una reunión con representantes y abogados de las familias afectadas en el accidente vehicular del pasado fin de semana en la carretera Monterrey-Saltillo, donde cuatro jóvenes perdieron la vida, luego de que un elemento estatal, identificado como Erik Javier 'N', impactara su camioneta contra la de ellos. (TWITTER)
El gobierno de Coahuila sostuvo una reunión con representantes y abogados de las familias afectadas en el accidente vehicular del pasado fin de semana en la carretera Monterrey-Saltillo, donde cuatro jóvenes perdieron la vida, luego de que un elemento estatal, identificado como Erik Javier "N", impactara su camioneta contra la de ellos.
La tragedia ocurrió a la altura del kilómetro 8.5, en los límites entre los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo.
El secretario Fernando de las Fuentes reafirmó el apoyo del Estado a las víctimas para que se esclarezcan los hechos, se sancione y se brinde la ayuda humanitaria necesaria.
El fiscal estatal, Gerardo Márquez, informó que la Secretaría de Gobierno y la Comisión Estatal para Atención a Víctimas se están haciendo cargo de los servicios funerarios y los servicios médicos.
“La Fiscalía General del Estado desde que toma conocimiento del evento empieza con la integración de la carpeta de investigación, también hay asistencia a víctimas por parte de la Fiscalía con el apoyo psicosocial a las víctimas indirectas”, señaló.
Precisó que a Erik Javier "N" se le formuló la imputación por varios delitos, como el de homicidio culposo agravado, lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida y daños; siendo está y mañana cuando se dio la audiencia inicial y se le vinculó a proceso.
Gerardo Márquez sostuvo que los abogados y representantes de las víctimas han manifestado total apertura para con las autoridades sobre las acciones que se están emprendiendo desde el Gobierno del Estado respecto al apoyo para los servicios funerarios, gastos médicos, así como el soporte legal y jurídico de la Fiscalía para que se aplique la Ley en toda su extensión y que las consecuencias de la conducta delictiva sean asumidas por el responsable.
“La impunidad no existirá, porque el primer rasgo de aplicación de la Ley lo encontramos ya ahora con la vinculación a proceso, y evidentemente la Ley se está aplicando. Hay confianza por parte de los familiares de las víctimas, tanto mortales como lesionados, en la procuración de justicia y en el soporte del Gobierno del Estado que se está proporcionando”, concluyó.
