Las investigadores del ITAM hicieron un mapeo de amparos en tribunales colegiados.
La pandemia de COVID-19 ha originado un "boom" de la judicialización del derecho a la protección de la salud en México, según un análisis de investigadoras en el Programa de Derecho y Salud Pública del ITAM.
En lo que va de la contingencia y hasta febrero pasado se han registrado mil 231 demandas de amparos directos e indirectos relacionados con el manejo de la crisis sanitaria, indicó Fernanda Cobo una de las autoras de la investigación.
El 80 por ciento de las acusaciones se debe a falta de suministros o medicamentos contemplados en el Compendio Nacional de insumos, antes cuadro básico y catálogo de medicamentos.
Además, de acuerdo con la académica, mientras en 2019 hubo 149 amparos por desabasto; para 2020 el número de demandas por casos no COVID creció a 216.
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Nuevamente las autoridades municipales prestarán diversos apoyos logísticos y materialesLas investigadores del ITAM hicieron un mapeo de amparos en tribunales colegiados; juzgados de distrito y la Suprema Corte de Justicia.
Entre 2015 y 2018, la judicialización de este derecho era un fenómeno aislado y lo que principalmente se demandaba era falta de insumos para enfermedades huérfanas, raras o de baja prevalencia, dijo.
En la actualidad, consideró, inició un "boom" de judicialización.
"Ya no nada más se están demandando medicamentos para enfermedades de baja prevalencia, sino que hoy en día estamos viendo en las demandas que falta casi todo tipo de insumos para la salud, especialmente enfermedades de tercer nivel como cáncer y VIH", aseguró la investigadora.
Explicó que esto sucedió o a raíz de la pandemia y de las reformas estructurales al sistema nacional de salud, especialmente con la modificación de los mecanismos de compra de insumos de la salud.
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La vacunación es, por ahora, para adultos de 60 años"Especialmente se demanda la omisión de actividades y emisión de decretos y acuerdos en tiempo y forma adecuados para la pandemia", agregó.
Se quejan de falta de insumos para detectar, prevenir o tratar COVID, como camas hospitalarias; pruebas PCR o equipo de protección personal.
Sofía Charvel advirtió que anteriormente las quejas se relacionaban con la falta de calidad en la atención, pero ahora el problema es de desabasto.
"Con la sentencia en favor del paciente, los médicos dicen: 'Sí te lo doy, pero el medicamento lleva un año de haber caducado'. Es decir, ¿qué va a pasar si nos llegamos a encontrar que no pueden cumplir con los amparos porque hay desabasto?", planteó la académica.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud señaló en días pasados que se han registrado casi 2 mil procedimientos judiciales en donde se involucra a la autoridad sanitaria como la responsable de algo asociado a la pandemia, pero que la mayoría han sido improcedentes y algunos, consideró, motivados por razones políticas.
