El fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, precisó que los hechos que ocurrieron al filo de las 2:00 a. m. del sábado no fueron de gravedad. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El ministro torreonense de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, detenido por agentes de Tránsito y Vialidad la madrugada del sábado 9 del presente mes por conducir en estado de ebriedad, recuperó su libertad el mismo día en virtud de que no era una falta grave.
Lo anterior fue manifestado por el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien precisó a El Siglo de Torreón que los que hechos ocurrieron al filo de las 2 de la madrugada del sábado, a la altura del crucero de la avenida Bravo y calle Gregorio García (10), en el segundo cuadro de la ciudad. Los agentes de Tránsito y Vialidad detuvieron al ministro Javier Láynez Potisek y lo trasladaron al Centro de Detención Temporal, donde lo pusieron a disposición del Ministerio Público por conducir en estado de ebriedad.
Márquez Guevara informó que el Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes del caso y el ministro fue certificado por el médico legista de la Fiscalía General del Estado, indicando que el grado de alcoholemia no era alto y se encontraba apto para conducir, por lo que el mismo sábado pudo recuperar su libertad.
Debido a que no era un caso grave, es decir, el ministro no participó en ningún accidente, no hubo lesionados, solo la conducción en estado inconveniente, se determinó dejarlo en libertad tras el pago de la multa correspondiente, puntualizó el titular de la Fiscalía General del Estado.
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El togado asegura que no estaba ebrio tras su detenciónLa actuación de la Fiscalía en este caso, explicó Márquez Guevara, se basa en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Láynez, emitió un comunicado donde asegura que se trata de una calumnia.
De acuerdo con la nota de la Corte, Láynez aseguró que en ningún momento tuvo contacto con el alcohol y que la detención no se llevó a cabo en un operativo Alcoholímetro o retén.
Asimismo, detalló que la nota de infracción asegura un "cambio intempestivo de carril", el cual el togado dice que "jamás tuvo lugar". Asegura que se le negó ver a un médico legista, juez, ministro público o funcionario de derechos humanos, en tanto que su familia tuvo que cubrir el pago de la infracción, equivalente a los seis mil 500 pesos, "solo en efectivo y sin recibir un comprobante" del mismo.