La región lagunera está al borde del colapso ambiental y social, advirtió la Comisión Ambiental para América del Norte. (FABIOLA P. CANEDO)
La región lagunera está al borde del colapso ambiental y social, por lo que se debe dar la vuelta a la situación y encontrar nuevas soluciones de cara al siglo XXI, señaló Pedro Moctezuma Barragán, presidente del Consejo Público Conjunto de la Comisión Ambiental para América del Norte.
Explicó que, de no hacerlo, sería un acto de cobardía de los laguneros, pues indicó que ya está muy claro desde la Cumbre del Clima, en Glasgow, que "los gobiernos se han quedado atrás en la agenda ambiental y de combatir el cambio climático, y que le toca a las comunidades, la gente y los universitarios apoyar y empujar a que se tomen las medidas correctas".
Consideró que La Laguna es una región líder en el país y después de 100 años de un desarrollo impresionante, ha habido daños al medio ambiente y ha quedado rezagada gran parte de la población, tanto la urbana popular como ejidos y comunidades, pues se propició un desarrollo extractivista.
"Estamos en una etapa, en México, donde se busca encontrar un equilibrio, donde vuelvan a tener primacía los intereses populares y la defensa de la naturaleza", expresó. Señaló que ve con mucha simpatía que se abra el diálogo y se escuche la opinión de los expertos y de quienes viven la situación para que se busque que el programa de Agua Saludable aborde la cuestión de agua subterránea, de cuenca, de arsenicismo, y garantice la equidad en la distribución del agua.
En el marco del foro de consulta para el Programa Hídrico Regional, Pedro Moctezuma Barragán mencionó que hay una situación grave de acaparamiento de agua e indicó que hay 44 millones de metros cúbicos (Mm3) registrados a nombre de una sola familia, además de lo que se acumule por triangulación de otras concesiones, cuando el artículo cuarto constitucional señala que esto no es válido.
Refirió que en 2012 se hizo la reforma a este artículo, de modo que se otorga a los mexicanos el derecho humano al agua, que ha sido muy clara, no obstante, el Poder Legislativo ha sido omiso al no aprobar la Ley de Aguas, que en su transitorio 3 mandata la Constitución, otorgando un plazo de 360 días en febrero de 2012 y ya van tres legislaturas, casi cuatro, sin que se haya aprobado esta normativa.
Dijo que, en la pasada legislatura se aprobó un dictamen de consenso para una Ley General de Aguas que podría ser aprobada si hay voluntad política del Congreso actual.
