La asociación civil Órgano Coadyuvante Cueva del Tabaco se conformó con el objetivo de rescatar el monumento histórico, así como el museo Casa de Juárez. (MARY VÁZQUEZ)
"Seguimos esperando que se nos haga justicia, es lo que más anhelamos, que por fin se haga justicia. López Obrador ya tiene conocimiento de ello, ya le hemos entregado varios oficios y ya hemos hablado con él personalmente, porque se requiere ir a la raíz del problema", fueron las palabras de José Pérez Huerta, uno de los impulsores para la creación del centro poblacional Supremos Poderes, cuyas tierras se encuentran alrededor de la Cueva del Tabaco, del municipio de Matamoros.
El conflicto existe entre Supremos Poderes y el ejido Benito Juárez y data de hace aproximadamente 49 años. El señor José cuenta que a pesar de que el Tribunal Agrario les dio la razón para que les entregaran las 110 hectáreas otorgadas por decreto presidencial, hasta ahora no se ha cumplido el mandato judicial.
Alrededor de 20 familias, la mayoría descendientes de los Custodios de la Nación, dicen que la idea de solicitarle al Gobierno federal que se les cedieran las tierras fue de Luis Treviño, quien ha documentado la historia de Benito Juárez en su paso por Matamoros. Afirman que fue en el año 1972, con el presidente Luis Echeverría, cuando hizo la petición pero este terreno ya estaba considerado como parte del ejido Benito Juárez, por lo que les sugirió que negociaran con las autoridades de la comunidad. El problema fue que las nuevas generaciones de ejidatarios se niegan a cumplir con dicho acuerdo.
Algunos de los afectados que viven ahí manifiestan que solo cuando así conviene son considerados ejidatarios debido a que no se les han entregado las tierras para la creación del nuevo centro poblacional.
"Ese terreno ya lo habían dado al ejido Benito Juárez y nos dice que no se puede emitir algún decreto de algo que ya estaba y nos dijeron que lo único que podíamos hacer es negociar con ellos y así se hizo, el comisariado ejidal de ese entonces, los viejos (ejidatarios) aceptaron y ya cuando el Gobierno vio que sí aceptaron, entonces fue cuando se nos dijo, vamos a darle".
PROMESA
De acuerdo a lo que explican, el acuerdo se tomó más o menos en 1974, pero insisten en que han pasado casi cinco décadas de esa promesa, puesto que las autoridades federales no formalizaron la separación de las tierras. Incluso en la gestión del presidente Carlos Salinas de Gortari se les entregaron escrituras como ejidatarios de Benito Juárez, cuando deberían haberlo hecho como Supremos Poderes y desde entonces han andado de un "lado para otro" para que se cumpla el decreto.
Comentan que, en el año 2000 "descaradamente" sufrieron el despojo de las más de 100 hectáreas, puesto que, el proceso estuvo plagado de irregularidades y el primer fallo salió a favor de la otra parte, por lo que se ampararon y nuevamente volvieron a emprender la batalla legal. En el 2017 el Tribunal Unitario Agrario del sexto distrito de Torreón resolvió a su favor, pero insisten en que, siguen sin tomar posesión de las tierras, pues dicen que para hacerlo necesitan que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a nivel central sea la que ponga orden, es decir, que instalen mesas de diálogo para que se cumpla con el mandato judicial.
"Fue un pleito de 18 años y el 1 de junio del 2017 el Tribunal Unitario Agrario del sexto distrito de Torreón resolvió a nuestro favor y todos los gastos corrieron a cargo de nosotros. Ahorita van 49 años de ese reclamo, porque todo eso quedó en promesa porque no se cumplió. Ellos hicieron un acta donde supuestamente nosotros habíamos renunciado a las tierras, pero falsificaron nuestras firmas y esa acta la llevaron a Registro Agrario y así lo aceptó, hicieron lo que ellos quisieron a su antojo. Eso fue en el 2000, yo fui algunas veces a reclamarle a la contadora de allá y hacerle ver por qué tan fácil había reconocido ese documento sin investigar nada, sin tomarle parecer al Tribunal Agrario para validarlo, cuando la firma no existe, incluso estaba firmada por dos difuntos, aparte había gente que no sabía escribir" relata José Pérez Huerta.
Los campesinos comentan que cuando se les dio luz verde de la dotación de las tierras, el personal de la entonces Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (Sarch), se iba a estar encargando de que se cumpliera, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada en aquel entonces por Luis Moya Palencia. Cuentan que se les prometió instalar una planta desalinizadora de agua potable, puesto que se perforó un pozo para abastecer a la nueva comunidad, pero afirman que solo acudieron para tomarse la foto, pues al final no se realizó la obra.
De hecho, dicen que se les facilitó material para la construcción de casas, ya que ellos se encargarían de la mano de obra, pero también quedaron en el olvido, pues todavía se encuentran las ruinas que atestiguan el incumplimiento de las promesas hechas.
Reiteran que son 110 hectáreas, de las cuales 100 se destinarían para sembradío y 7.5 para asentamiento humano; el resto fueron expropiadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debido a que por allí se trazó la construcción de la autopista Torreón- Saltillo en 1996. A pesar de que dicen que legalmente ellos eran los posesionarios de la tierra, el dinero se repartió entre todos los 260 ejidatarios de Benito Juárez, incluso se les tomó en cuenta y en aquel entonces les tocó 500 pesos.
"Ellos alegaron que las tierras seguían siendo de uso común, eso fue en el 96 y les dieron 127 mil pesos y al final se repartieron entre todos los 260 ejidatarios y nos tocó de 500 pesos. En ese entonces era mucho dinero y si únicamente los hubiéramos agarrado nosotros, de Supremos Poderes, podíamos haber comprado dos derechos de agua para empezar a sembrar", explicaron.
Comparten que también por esas tierras se colocaron las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y "se las volvieron a jugar", pues la indemnización que la paraestatal les dio se repartió entre todos. "Es que cuando hay algún beneficio de Supremos Poderes ellos lo agarran, ahí sí somos todos compañeros y cuando no ni a las asambleas nos dejan entrar".
Los afectados subrayan que no se respeta el mandato judicial, pues afirman que cuando se iniciaron los juicios se les mostraron los papeles y uno de los ejidatarios con mayor antigüedad les dijo que las tierras les pertenecían, puesto que así se había acordado hace mucho tiempo, pero como hay muchos ejidatarios nuevos son los que "echan abajo el acuerdo".
"Por eso nosotros siempre hemos dicho que somos víctimas de la corrupción por parte de las autoridades ejidales y de las autoridades federales por parte del Tribunal porque aunque se les dieron todas las pruebas, pagamos un perito para comprobar que las firmas eran falsas y así se demostró y de todos modos se les dio la sentencia a ellos y en el 2009 nosotros nos amparamos en el segundo de distrito del Tribunal Colegiado y les dieron para atrás, entonces volvimos a empezar de nuevo y duramos otros nueve años, porque invalidaron todo y ya agotamos todas las pruebas y ya nos la dieron la razón" insisten los inconformes.
Dice que, para ponerles trabas también les "pelearon" la noria 3070, la cual en el 2019, también el tribunal falló a su favor, pero intuyen que promoverán un amparo para revocar la resolución, aunque por ahora no hay forma de confirmarlo debido a que por la pandemia están limitadas sus funciones en los tribunales.
"Por ese motivo han destruido lo que ya se tenía, tumbaron postes, donde estaba el pozo de la noria, le sacaron un pedazo de ademe y teníamos una bodega y se llevaron el portón", concluyen.
PROYECTO DE RESCATE
Cuando se confirmó el fallo a su favor, aproximadamente un par de años después se creó la asociación civil Órgano Coadyuvante Cueva del Tabaco, a fin de rescatar el monumento histórico, así como el museo Casa de Juárez, el cual se encuentra en el ejido Congregación Hidalgo, en la finca donde se hospedó el Benemérito de las Américas, cuando llegó a Matamoros para entregar los Archivos de la Nación. La idea es promoverlo como uno de los atractivos turísticos no solo a nivel regional, sino nacional.
El proyecto nació al considerar que por fin se les había hecho justicia y pretendían detonar el sitio para diversificar la actividad económica, es decir, además de la agricultura se estaba rescatando el monumento, que por décadas ha sido olvidado por todos los órdenes de Gobierno, pues solo asisten a "tomarse la foto" cada 21 de marzo, ya que, por el natalicio de Benito Juárez se realiza un acto cívico y al mejorarlo ellos estarían aprovechando para generar una derrama económica que no solo les beneficiaría a Supremos Poderes, también a los habitantes de Congregación Hidalgo, así como al municipio.
Debido a que el monumento es propiedad de la nación fue que se empezaron a gestionar apoyos con la Federación, con empresarios y algunos organismos de la sociedad, que les ha permitido llevar a cabo varias campañas de reforestación y limpieza, mejoramiento e iluminación del monumento, el emparejado de una superficie de aproximadamente una hectárea de terreno, para que se utilice como estacionamiento o área de esparcimiento de los visitantes, pues se cuenta con palapas y asadores, incluso también se limpió un viejo estanque que estaba lleno de tierra y escombro para que sea utilizado como balneario.
El problema es que también se ha destruido parte del trabajo realizado, pues "arrancaron" los cables que se habían colocado para iluminar la Cueva del Tabaco y han grafiteado en algunas partes, ya que no hay vigilancia permanente en el lugar. Con el proyecto que se entregó a la Federación se contempla un rescate total del lugar, por lo que habrá forma de colocar malla perimetral para evitar actos vandálicos.
MUSEO
En lo que respecta al museo, a cargo de Luis Treviño, hay disposición de las autoridades ejidales de Congregación Hidalgo de respaldar un proyecto para bajar recursos y con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se rehabilite el inmueble ya que, desde hace años las paredes registran cuarteaduras debido al asentamiento de la estructura, además de mejorar un centro comunitario que ya existe en el terreno que ocupa la casa.
Recuerdan que el museo pasó a manos de la Secretaría de Educación Pública, luego de que las escuelas de toda la región promovieran una cooperación de todos los alumnos, quienes aportaron 20 centavos para comprar la propiedad, que pertenecía a la familia Álvarez.
"El museo pertenece a la Secretaría de Educación Pública y está registrado en el INAH, pero como nunca hubo algún patronato que estuviera a cargo de la conservación o manutención del lugar, pues se está destruyendo y nosotros lo que hicimos, es que toda el área se incluya bajo el órgano coadyuvante para que entonces ya se puedan hacer cargo, al igual que la Cueva del Tabaco y bajar los recursos para la rehabilitación".
Los ejidatarios reiteran que, para dicho proyecto ya han "tocado puertas" con el Gobierno federal y ha habido algunas respuestas, por lo que dicen están logrando que los volteen a ver, pero insisten en que necesitan que se "ponga orden" para que puedan tomar posesión de las tierras.
"Por piedad le decimos al señor presidente (Andrés Manuel López Obrador), que sabemos que es un hombre que está haciendo todo lo posible para que la corrupción no prolifere, que nos haga justicia, que voltee para acá, porque aun así a estas alturas todavía no nos quieren reconocer nuestros derechos, aun teniendo la sentencia, por eso le pedimos que mande que se haga una investigación a fondo".
