La revocación de mandato sería solo aplicable al gobernador en estado de Nuevo León. (ARCHIVO)
Después de congelar por cuatro años y medio la reforma constitucional para permitir la revocación de mandato, el Congreso local se prepara para aprobar esta figura, pero la contempla únicamente para el cargo de gobernador y sería aplicable al próximo mandatario, el emecista Samuel García.
Según el diario Reforma, de consolidarse el cambio -fijado para votarse mañana por parte de la mayoría del PAN y del PRI en el Legislativo, los diputados locales y alcaldes no podrán ser sometidos a esta consulta, como lo estipuló el paquete legal original, indicaron abogados.
La revocación de mandato permite, mediante una votación ciudadana, retirar de su cargo a un gobernante antes de que termine el periodo para el que fue electo.
Alegando que en el 2019 se reformó la Constitución nacional para contemplar la revocación para el Ejecutivo federal y los estatales, los legisladores plantean “armonizar” la norma local y establecer en que sólo aplica para el gobernador.
La “armonización” también establece que la revocación se podrá hacer sólo durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de gestión del gobernador, por lo que García podría enfrentarla entre finales del 2024 y principios del 2025.
En caso de que la ciudadanía vote sacar al mandatario, su sustituto sería nombrado por el Congreso local.
De acuerdo con legisladores, no se modificarán otros requisitos ya contemplados en la Ley, entre ellos que se deben recabar las firmas del 10 por ciento de las personas la lista nominal de electores para solicitar la revocación.
Asimismo, un 40 por ciento de los electores debe participar en la votación para que su resultado sea válido.
En marzo del 2016, el diputado priista Héctor García García, por una parte, y los legisladores emecistas Samuel García -hoy gobernador electo- y Concepción Landa, por otra, plantearon reformas constitucionales para introducir la revocación.
En diciembre de ese año, el Congreso local aprobó, en primera vuelta, la reforma que creó esa figura, dejando en la Ley de Participación Ciudadana, avalada en mayo del 2016, los cargos que se podrán someter a la revocación.
Esa Ley contempla al Gobernador, Diputados locales y Alcaldes, pero no se ha podido aplicar porque falta que la reforma constitucional se apruebe en segunda vuelta.
Ahora, en el anteproyecto para la segunda vuelta se hacen ajustes para homologar la reforma con la Constitución federal y aplicar la revocación sólo al Ejecutivo estatal.
Esto implicará que la Ley de Participación Ciudadana también tenga que reformarse, consideraron los abogados.
Si no se reforma la Ley, agregaron, legisladores y alcaldes podrían promover controversias constitucionales o ampararse.
