Genera costos adicionales y sobrerregulación a los espacios educativos. (ARCHIVO)
Escuelas privadas y padres de familia buscan frenar el proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) con la que se pretende regular a las instituciones educativas del sector privado, porque implica costos adicionales, obstaculiza el acceso a la educación y genera sobrerregulación al sector que pueden llevar al cierre de 18 mil escuelas particulares.
De salir esa normatividad que afecta a las escuelas habrá amparos, expusieron escuelas y representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En conferencia de prensa en la que se refirieron a la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-2020, Servicios educativos-Disposiciones a las que se sujetarán aquellos particulares que presten servicios en la materia, la presidenta de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Morelos, Itzel Carmona Gándara, pidió a las escuelas participar en la consulta pública que se cerrará en aproximadamente 12 días, con el fin de evitar que se apruebe, de lo contrario se irán a amparos.
La representante afirmó: "Ninguna escuela particular en el país es igual a otra en su estructura y funcionamiento, sin embargo, la consecuencia inmediata de la entrada en vigor de esta norma sería el cierre de 18 mil escuelas, días previos a que entre en vigor la norma, se estarían tomando decisiones de cierre de esta naturaleza.
"Esto afectaría a 640 mil personas entre las cuales 540 mil son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se van a quedar sin un espacio para ir a la escuela, y los papás sin la libertad de escoger a dónde llevar a sus hijos con la NOM-237 de entrar en vigor", Carmona Gándara.
El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, afirmó "si se aprueba como está (la NOM-237) habría una sobre regulación de las escuelas particulares, ya de por sí están reguladas por la Secretaría de Educación Pública, y nos parece que el hecho de que las consideren entidades mercantiles y por lo mismo una regulación adicional carece de sentido".
Expuso que darán todos los argumentos a la Secretaría de Economía, a cargo de Tatiana Clouthier, para que no se aprueben la Norma y añadió que ya platicaron con el director general de Normas, Jesús Cantú.
Por su parte, la directora ejecutiva de Operaciones y abogada general de Coparmex, Rebeca Félix Ruiz, añadió que esta norma obstaculiza el derecho a la educación, genera costos adicionales y sobrerregulación a las escuelas.
"Esto obstaculiza el derecho a la educación, y genera una sobre regulación al sector educativo, poniendo en riesgo la existencia de las escuelas, en consecuencia, se pondría en riesgo el derecho a la educación que tienen nuestros niños como derecho humano".
Añadió que la Secretaría de Educación Pública corresponde vigilar a las escuelas y con la propuesta de norma se quiere ver a las escuelas como un negocio cuando es un servicio de índole social "lo adecuado es que sean las autoridades educativas quienes regulen, vigilen y verifiquen este servicio, ya que estas son las autoridades especialistas que dominan la particularidad del servicio educativo".
Cármona Gándara y Félix Ruíz expusieron que la norma rebasará el área de competencia de la Secretaría de Educación Pública porque el servicio educativo es regulado por el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación.
Al imponerse cargas adicionales se afecta el derecho a la educación de los más de 2.3 millones de estudiantes que cursan educación básica en escuelas particulares y de 5.3 millones de estudiantes del ciclo 2021-2022, si se consideran todos los niveles educativos.
