El secretario de Seguridad Pública en Durango declaró que el edificio del Cereso Número 2 se ha deteriorado desde su cierre en 2012.
El edificio del Cereso Número 2 de Gómez Palacio requiere de al menos 80 millones de pesos para poderlo aprovechar de esta manera y el Gobierno del Estado actualmente realiza gestiones para obtener recursos y utilizar esta infraestructura.
"No perdemos de vista el que fue el Cereso Número 2, sigo insistiendo en que tendremos que rescatar esta infraestructura", declaró el secretario de Seguridad Pública en Durango, Francisco Javier Castrellón Garza.
Actualmente en este edificio se ubican áreas administrativas de la Policía Estatal y hay un área para elementos de la Fiscalía de la República, además de un módulo para dormitorios de los agentes estatales.
"Nosotros no vamos a dejar de insistir en que la Federación nos ayude para rescatarlo, ya que se requiere de cuando menos unos 80 millones de pesos para poderlo rehabilitar, ya que por el abandono que sufrió por el cierre en el 2012 lo ha venido deteriorando ya que se requiere cambiar instalaciones hidráulicas y eléctricas", informó Castrellón.
Aseguró que en una primera instancia se volvería a utilizar como penal para delitos del fuero común de este distrito judicial.
Consideró que las condiciones de la Comarca Lagunera permiten nuevamente tener el control de este penal ya que en esta administración estatal existen tres centros penales certificados en reglas internacionales.
"Lo que nos limita es el tema financiero porque sí hay sobrepoblación en el Cereso uno, donde hay 3,460 internos...No obstante con la nueva instalación que se dio a conocer se habrán de mejorar las condiciones en las que tienen a los internos", declaró el funcionario estatal.
El penal de Gómez Palacio cuenta con una capacidad para cerca de 900 internos aunque fueron alrededor de 600 los que trasladaron en su momento.
"Tenemos que trabajar para obtener un recurso y rescatarlo. Tendríamos además que contratar personal y ajustar el esquema del sistema penitenciario para que al menos se pudieran albergar unos 450 internos, lo que nos permitiría tener mejor control y un mejor desempeño de los funcionarios para que el proceso de reinserción sea más personalizado, más efectivo al tener menos carga de trabajo humana", informó. Adicional a los 80 millones de pesos también tendría un costo la operatividad.
Castrellón Garza relató que se han tocado ya puertas con los diputados federales para bajar recursos para esta propuesta y también ante otras instancias federales.
Como se informó, recientemente el gobernador, José Rosas Aispuro Torres, hizo entrega del Centro de Reinserción Social de mediana seguridad, una obra de tres mil millones de pesos que es el penal más nuevo en el país de corte estatal.
