El acuerdo de la Secretaría de Energía sobre la 'Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional', publicado en el Diario Oficial de la Federación, es una violación al marco constitucional y legal mexicano, acusaron el Consejo Coordinador Empresarial, los 12 organismos que lo integran, la American Chamber/México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. (ARCHIVO)
El acuerdo de la Secretaría de Energía sobre la "Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional", publicado en el Diario Oficial de la Federación, es una violación al marco constitucional y legal mexicano, acusaron el Consejo Coordinador Empresarial, los 12 organismos que lo integran, la American Chamber/México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.
A través de un comunicado conjunto, señalaron que la Sener usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia.
Los organismos empresariales hicieron un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para investigar y esclarecer "las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía".
Señalaron que el acuerdo, difundido el pasado 15 de mayo en el diario oficial de la Federación, se publicó "sin respetar procesos legales y normativos".
Acusaron que esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, "causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares".
La medida, "atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional. No sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado".
Advirtieron que el sector privado "agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano como motor de desarrollo del país".
