
El director del IMCE Torreón, Elías Agüero, desmintió los señalamientos hechos en su contra por la síndica Dulce Pereda. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) de Torreón, Elías Agüero, y Ernesto Rivera, actual director de Cultura de Gómez Palacio, desmintieron los señalamientos realizados por la síndica de vigilancia, Dulce Pereda Ezquerra sobre presuntos desvíos de recursos.
El primero aclaró que tiene una cuenta a su nombre donde recibe dinero del IMCE "la tarjeta de crédito 5474 8460 0004 8084 de la cuenta Santander No. 080122728127 institucional del IMCE se encuentran a mi nombre por ser yo el representante legal del instituto. Solo está habilitada para realizar pagos en los que una persona física tiene que firmar dichos pagos".
Sobre el tema de que el nombre de Ernesto Rivera apareciera en las transferencias, luego de que este hubiera dejado el cargo de coordinador administrativo dos meses antes, Agüero aseguró que se trata de un atraso del banco para darlo de baja.
DESCONOCÍA MOVIMIENTOS
Al preguntarle al propio Ernesto Rivera sobre si estaba informado de que se seguían haciendo movimientos bancarios a su nombre, fungiendo ya como director de Cultura de Gómez Palacio, respondió que lo ignoraba por completo. Mencionó no creer que el mismo Agüero estuviera enterado de estar haciendo movimientos bancarios aún con su nombre. "Lo que pasa es que uno como cuentahabiente da por hecho de que al momento de que te reciben el oficio de una institución seria como lo es Santander, la cancelación se hace de inmediato, no creo que Elías haya sospechado nada que seguía apareciendo mi nombre".
El actual director de Cultura de Gómez Palacio señaló que: "A mí me resulta muy extraño que la síndica tenga acceso a esa información porque en el IMCE son muy transparentes, como también lo es la administración de Gómez Palacio. Pero hay información que es clasificada hasta que no se solicite por transparencia". Por último, ambas autoridades culturales afirmaron que pueden desmentir los señalamientos realizados contra ellos pues cuentan con documentos que comprueban que no hicieron mal uso del recurso público.