Se considerará como falta grave que los funcionarios no paguen a tiempo las aportaciones.
La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados avaló ayer una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) a través de la cual el Instituto podrá descontar directamente de las participaciones federales los adeudos de los Gobiernos estatales.
Según lo aprobado, se considerará como falta administrativa grave que los funcionarios públicos no paguen a tiempo las aportaciones de seguridad social.
Actualmente, la ley contempla que los funcionarios que no paguen las cuotas al ISSSTE tendrán una responsabilidad civil, penal o administrativa, sin embargo se aclara que en la redacción no se precisa la clase de responsabilidad en que incurren los funcionarios, de ahí la iniciativa.
El aval a la legislación se concretará cuando el órgano legislativo sesione de manera presencial, puesto que los trabajos se desarrollaron a distancia y así no puede formalizarse la aprobación.
La Comisión de Seguridad Social es presidida por la legisladora del PT, Mary Carmen Bernal, y cuenta con una composición mayoritaria de Morena, PT y PES.
De acuerdo con el dictamen, la omisión en informar del pago provoca que los trabajadores enfrenten restricciones para obtener préstamos o créditos, así como problemas al desahogar trámites administrativos en razón de que la entidad no cumple con su obligación de entregar oportunamente las cuotas y aportaciones de seguridad social de sus empleados de base.
La falta de pagos genera además problemas importantes al ISSSTE que afectan su capacidad de inversión y, sobre todo, ineficiencias en la atención de todos y cada uno de los derechohabientes a los que puntualmente se le retiran las aportaciones.
Información oficial del Instituto con cifras al cierre de abril, refiere que los estados deben 62 mil millones de pesos al ISSSTE, en aportaciones directas al organismo, al Fondo de Vivienda (Fovissste) y a las cuentas individuales de retiro, cesantía y vejez de los trabajadores (RCV).
De todos los estados, sólo Baja California Sur, Colima y San Luis Potosí han aceptado hasta el momento un convenio para pagar.
Veracruz, con 13 mil 425 millones de pesos; Guerrero, con 11 mil 660 millones; Michoacán, con 4 mil 717 millones y Chiapas, con 4 mil 346 millones, son algunos de los estados más deudores.
