Políticos que han sido acusados de diversos delitos, han recuperado sus bienes incautados, ante lo laxo de las leyes en el país. (ARCHIVO)
En las últimas tres administraciones federales, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), ha tenido que devolver bienes a políticos que habían sido acusados de desvío de recursos y otros delitos.
Lo anterior se debe a lo laxo de las leyes en el país, las cuales son aprobadas por la clase política, y esto ha vuelto a las autoridades incapaces de decomisar de manera definitiva las propiedades a los imputados.
Casas, autos, ranchos, cuentas bancarias y hasta una panadería han sido devueltas a políticos que han enfrentado diversas acusaciones, de acuerdo a información del diario Reforma.
Una de las fallas que aprovechan los políticos es que en ocasiones, el Ministerio Público omite notificar en tiempo y forma el aseguramiento o no hace su trabajo correctamente para acreditar que los bienes fueron producto del hecho delictivo.
En gran parte de los casos, las propiedades no fueron objeto de la aplicación de la ley de extinción de dominio, que establece un procedimiento administrativo expedito para el desapoderamiento de los bienes, sino que quedaron sujetos al proceso penal o bien a un litigio en materia de amparo, informa Reforma.
Recientemente trascendió el caso de la maestra Elba Esther Gordillo, a quien después de años presa, se le regresaron siete cuentas bancarias, un lote de libros, obras de arte y tres vehículos, entre ellos uno de colección.
En el sexenio de Peña Nieto, otra figura polémica que recuperó sus bienes fue Napoleón Gómez Urrutia, quien logró en noviembre del año pasado el descongelamiento de tres cuentas bancarias del sindicato minero que habían permanecido inmovilizadas desde 2006.
En 2015, el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, que fue acusado de desvío de recursos, pudo recuperar nueve de los 13 inmuebles que le fueron asegurados dos años antes.
El exobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, a pesar de cumplir una pena de 22 años de cárcel por delitos contra la salud y lavado de dinero, logró que le regresaran dos ranchos, una casa, una parcela y una panadería durante la administración de Felipe Calderón.
En el sexenio del priista Ernesto Zedillo, fue acusado Raúl Salinas de Gortari de enriquecimiento ilícito y homicidio. Años después, durante el gobierno de Calderón, logró que la PGR descongelara cuentas bancarias que estaban vinculadas con fondos por 73 millones de dólares que se encontraban en Suiza y que le devolvieran la mayoría de los 49 inmuebles incautados.
