El martes pasado la CRE dio marcha atrás a una ley que permitía a los privados utilizar las estaciones de almacenamiento. (EFE)
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que la decisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de permitir que Pemex fije sus precios de venta y de servicios en lugar de la autoridad reguladora, da poder a la empresa petrolera del Estado para dominar el mercado, además de que genera incertidumbre, vulnera la confianza de inversionistas e incumple con la palabra del gobierno de no hacer más cambios.
Por lo que piden dar marcha atrás o reconsiderar las decisiones que se tomaron porque frenan las inversiones en el sector que más detona proyectos y generan incertidumbre.
El martes pasado la CRE dio marcha atrás a una disposición por la cual los precios de venta de petrolíferos de Pemex a gasolineros y los precios para que los privados utilicen estaciones de almacenamiento se sometía a la autoridad reguladora, con lo que ahora la petrolera fijará sus propios precios.
En un comunicado, el CCE explicó que está preocupada y sorprendida porque se eliminó la regulación asimétrica y dijo: "Con ello se afecta de manera grave la libre competencia en el mercado de petrolíferos en México, se genera incertidumbre y se vulnera la confianza de los inversionistas y los consumidores finales, puesto que ahora Pemex podrá ejercer su posición dominante en la venta de hidrocarburos sin restricción alguna".
Añadió que el gobierno "se había comprometido a no introducir modificaciones en la regulación del ámbito energético, esta medida es un nuevo cambio de reglas de juego, que se suma a la decisión tomada sobre los Certificados de Energía Limpia (CELS) en fechas recientes. Estas decisiones no abonan a mejorar el clima de negocios, y tampoco representan una ventaja importante para Pemex o para la Comisión Federal de Electricidad".
El problema que observan es que al eliminarse la llamada regulación asimétrica que evitaba el monopolio y permitía mayor competencia habrá "discrecionalidad" lo que se suma a la inexistencia de "mecanismos de rendición de cuentas", precios discriminatorios de manera unilateral, sin intervención de las autoridades.
Todo lo anterior "genera un clima de incertidumbre en el marco regulatorio existente, destruye la certeza jurídica, afecta el clima de inversión e inhibe la participación de mayores prestadores de servicios y de una oferta diferenciada en beneficio del consumidor".
