Aseguró que su gobierno hará ‘todo lo humanamente posible’ para resolver el problema los desaparecidos. (ARCHIVO)
Al encabezar la presentación de la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "nunca más" el gobierno recurrirá "a la fuerza ni declarará una guerra para enfrentar los problemas de inseguridad".
En su conferencia de prensa matutina, atribuyó esta crisis humanitaria y de derechos humanos en México a la aplicación del modelo económico neoliberal, que ahondó como nunca la desigualdad en el país.
López Obrador dijo que hay aproximadamente un millón de víctimas de la violencia en México, entre muertos y desaparecidos, como saldo de "la absurda guerra" que desde 2006 declaró el ex presidente Felipe Calderón y siguió el gobierno de Enrique Peña Nieto.
"Este es el saldo doloroso, terrible, de una política fracasada, inhumana, corrupta, que ya no puede volver a imponerse en México", dijo el presidente.
Al comprometer su palabra con los familiares de las víctimas de la violencia, López Obrador aseguró que su gobierno hará "todo lo humanamente posible" para resolver el problema los desaparecidos.
"Nuestro compromiso es hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo, todo lo que humanamente sea posible para saber de los desaparecidos y ayudar a los familiares", dijo.
López Obrador atribuyó al modelo económico neoliberal y a la desigualdad que generó, los graves problemas de seguridad y violaciones de derechos humanos que afronta México.
"Eso fue lo que desató la inseguridad y la violencia", dijo. Pero "nunca más el uso de la fuerza para resolver problemas sociales".
El presidente lamentó que hubiera versiones que atribuyeran la crisis de violencia en México a la "naturaleza" de los mexicanos.
"Hubo quienes llegaron a plantear que éramos malos por naturaleza, que nos gustaba la violencia, y llegaron a poner ejemplos absurdos como las prácticas que supuestamente se llevaban a cabo en la época prehispánica", refiriéndose a los sacrificios de culturas como la azteca.
Defendió que el pueblo mexicano es pacífico, y que la violencia y la inseguridad "son producto de la política de saqueo" del neoliberalismo aplicado en los últimos 36 años.
"Nunca se había ahondado tanto la desigualdad en México como en el periodo neoliberal", dijo. "Es el periodo de más desigualdad en la historia del país, de más corrupción y más saqueo, ni siquiera comparado con lo que fue el saqueo colonial de tres siglos de dominación española".
La presentación de la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a quien López Obrador reconoció como "uno de los mejores servidores públicos de la nación".
Su responsabilidad al frente de "este asunto tan lamentable es lo que podemos dar en garantía, además de la voluntad".
Al detallar los 11 puntos de un ambicioso plan que involucrará a las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición, Encinas afirmó que por primera vez "el Estado asumirá su responsabilidad" en la crisis humanitaria que atraviesa México.
El problema, dijo, involucra 40,000 desaparecidos, más de 1,100 fosas clandestinas y 26,000 cuerpos sin identificar. "Esa es la magnitud de la crisis humanitaria en México", dijo.
Puntos del Plan
Estos son los 11 puntos del Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda. Completar su integración y puesta en marcha para marzo, con el propósito de lograr una coordinación estrecha con las entidades federativas y sus fiscalías.
Nombramiento de un nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Las entrevistas con los 11 aspirantes inscritos serán en audiencias públicas y el viernes se dará a conocer la elección.
Conformación de las comisiones estatales de búsqueda de desaparecidos. A la fecha sólo hay 8 integradas y en 4 estados hay decreto para su conformación, pero no responsable. En el resto de las 20 entidades no hay nada.
Recursos para la búsqueda e identificación de desaparecidos. Para este 2019 hay asignado un presupuesto de 400 millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda, y se recurrirá también a recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los Estados, que cuenta con 7.500 millones de pesos. Esto con el fin de desarrollar capacidades en identificación forense.
Desarrollo y aplicación de protocolos. Estos se elaborarán con organizaciones de familiares de víctimas y organismos internacionales, e incluyen un protocolo homologado de investigación de los delitos vinculados con la desaparición forzada, y protocolos homologados para la búsqueda, la exhumación y la identificación de cuerpos.
Prevención y prioridad a la búsqueda en vida. Impulsar tareas de carácter preventivo para recuperar a personas que todavía pudieran estar en condición de vida frente a actos de desaparición forzada y trata de personas. También incluye la atención a personas migrantes, particularmente en rutas de riesgo, mediante protocolos de actuación que se aplicarán con instituciones responsables de la seguridad pública.
Atención a víctimas. El propósito es hacer efectiva la capacidad de respuesta de la Comisión de Atención a Víctimas. Esto incluye la revisión del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, el acompañamiento permanente en las búsquedas de campo, agilizar los procesos de registro de acceso a los fondos emergentes y fortalecer la consolidación de las comisiones ejecutivas en los estados.
Creación de un Instituto Nacional de Identificación Forense. Esto con el fin de crear un sistema nacional de coordinación de todos los servicios forenses en el país, que esté listo en marzo.
En esta tarea participan el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Escuela Nacional de Antropología, agencias de las Naciones Unidas, el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Integración del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática. Su propósito es coordinar información de desaparición forzada en hospitales, en centros de atención psiquiátrica, el Sistema DIF, centros de salud y atención de adicciones, centros de detención y reclusorios, el sistema penitenciario, los servicios médicos forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, los albergues públicos y privados, los panteones o lugares donde se depositan restos mortales.
Asistencia técnica nacional e internacional. En particular con las agencias de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Agencia de Cooperación alemana, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Unión Europea, entre otras.
Justicia y tipificación del delito. Impulsar que cada fiscalía en los estados establezca mecanismos integrales de reacción e intercambio de información para tener una respuesta más eficaz ante casos de desaparición. También revisar la tipificación del delito y sus aplicaciones, lo cual implica atender la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Desaparecidas. Además establecerá en la ley la plena responsabilidad de los delitos de desaparición forzada de los superiores jerárquicos de quienes dan las órdenes, en caso de agencias del Estado, de cometer este tipo de delitos. Establecer en la ley beneficios por colaboración eficaz y mecanismos de protección a testigos.
