Uno de los pilares dentro de la economía nacional es la producción agrícola, por tal motivo la protección de la sanidad vegetal es factor decisivo en la comercialización tanto nacional como internacional.
Actualmente la comercialización internacional y nacional de productos agrícolas representa un riesgo potencial de introducción de plagas de importancia cuarentenaria para los países que la practican. Por esto, los países se ven en la necesidad de implementar herramientas adicionales que les permitan llevar a cabo este intercambio comercial sin correr con ningún riesgo fitosanitario, o sí es que existe algún riesgo poder mitigarlo. Ya que de lo contrario las consecuencias afectarían la producción agrícola nacional, la calidad del producto, el cierre de mercados y la imposición de barreras fitosanitarias no justificadas arrojando grandes pérdidas económicas.
A partir del 1 de enero de 1994, inició para México un proceso de apertura comercial al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado entre Canadá, Estados Unidos y México. De igual manera se han realizado otros Tratados de Libre Comercio con países de Latinoamérica y con la Unión Europea e Israel. Pretendiéndose a futuro la creación de un mercado amplio y seguro para el intercambio comercial de productos agrícolas entre México y sus socios comerciales, mediante el establecimiento de reglas claras y de beneficio mutuo. En este contexto, la regulación fitosanitaria establecida en nuestro país cumple con la función de coordinar y normar los aspectos fitosanitarios para la movilización nacional e internacional de vegetales, sus productos y subproductos.
Dentro del área nacional, la regulación fitosanitaria analiza las medidas sanitarias que beneficien a todos los sectores, protegiendo la producción y mejorando la calidad de los productos vegetales, así como protegiendo fitosanitariamente la superficie agrícola del país. Esta situación ha propiciado e incrementado la necesidad de establecer y vigilar la regulación fitosanitaria enmarcada en las Normas Oficiales Mexicanas, las cuales se han emitido en materia de importación, campañas, cuarentena exterior, movilización, servicios, requisitos generales, establecimiento de Zonas libres y bajo protección y otros ordenamientos que permiten el comercio y la movilización nacional e internacional de vegetales, sus productos y subproductos con un mínimo riesgo fitosanitario, o bien, la prohibición de su ingreso por el riesgo que este conlleva.
El sector agropecuario nacional requiere de una atención inmediata por parte de las comisiones del senado de la república, cámara de diputados y del propio congreso de la unión a fin de actualizar la normatividad agropecuaria dada las exigencias actuales de la legislación federal vigente desde las reformas del artículo 27 constitucional hasta las leyes actuales en materia sanitaria vegetal. Esto a fin de sentar las bases legales para la organización, explotación, fomento, sanidad y protección de los productos agrícolas.
El gobierno federal actualmente cuenta con todas las disposiciones legales en materia de producción agropecuaria y día a día se propone tenerlas actualizadas de acuerdo a las exigencias productivas nacionales y de mercado internacional, con el objeto de abastecer tanto las necesidades internas como la exportación de estos productos. A si mismo, cuenta con las instituciones oficiales adecuadas para llevar acabo las disposiciones legales sobre la materia. Los estados de la república, siguiendo este ejemplo, deberán establecer tanto lo legislado como la institución encargado para ello, respetando la debida jerarquización que debe existir respecto a la aplicación de las leyes.
Este programa de investigación jurídica nace de la necesidad que tiene, por un lado, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, de colaborar con el sector productivo nacional en el quehacer diario de llevar alimentos sanos, nutritivos y de buena calidad a la mesa del mexicano, dado el compromiso que tiene con la sociedad y por otro lado por la responsabilidad echada a cuesta de preparar profesionales agropecuarios con un alto sentido ético, serio y profesional que den la respuesta adecuada a estas exigencias.
Así como existe la legislación federal, los estados del país también tienen su propia legislación agropecuaria, cada una de ellas de acuerdo al interés y exigencias locales, en general, en materia de agricultura, ganadería y forestales.
Actualmente la regulación fitosanitaria establecidas por México, tiene sustento legal en la ley federal sobre metrología y normalización, y en la ley federal de sanidad vegetal, Asimismo, el proceso de normalización se está dando a través de la vigencia de normas oficiales mexicanas, lo que da mayor transparencia a las regulaciones fitosanitarias aplicadas en México, las cuales están sustentadas en estudios científicos, técnicos y económicos.
