El 15 de marzo de 1923 la cabeza de la primera plana de El Siglo de Torreón anunciaba que la ciudad se encontraba sin alumbrado y sin riego -sufriendo tinieblas y dañosas nubes del polvo- debido a que la Compañía del Ferrocarril Eléctrico de Lerdo a Torreón suspendió los servicios públicos de luz y fuerza eléctrica por lo que el municipio le adeudaba.
Nazario Ortiz Garza, quien tomó posesión como presidente municipal en enero de ese mismo año, alegaba que el adeudo le correspondía a la anterior administración -como si el municipio no fuera el deudor- y que los ingresos que le concedió el estado eran para cubrir los gastos del año en curso, así que pagaría la deuda hasta que hubiera superávit en la tesorería municipal.
Tras dos meses de pláticas, el 7 de marzo la compañía propone nuevas bases y la solicitud de los pagos correspondientes a febrero y diciembre pasado -enero si se pagó-, y cuando llegó el 14 de marzo y sin haber recibido comunicación de trámite alguno por parte del ayuntamiento, Alfonso Sariñana -quién ocupaba el cargo de superintendente-, ordenó la suspensión de los servicios.
El 22 de marzo aparece en el periódico la nota sobre la pretensión del ayuntamiento de solicitar al Gobierno del Estado la caducidad del contrato de concesión que la compañía tenía desde el 7 de noviembre de 1906; adujo que los postes que utilizó no eran de la medida estándar y estaban despintados. La cancelación se hizo oficial el día primero de abril, y el presidente municipal fue quien se lo notificó a la compañía al solicitarle que pasara a pagar el 10% del valor del capital invertido por la compañía por concepto de impuestos una vez que el gobernador concedió la cancelación de la concesión además de advertirle que, de no hacerlo, consignaría a la compañía por falta de pago de acuerdo a la ley de causantes morosos.
Ante los hechos anteriores, el 7 de abril la compañía presentó una demanda de amparo -que fue concedida-ante el Juzgado Supernumerario de Distrito, contra actos del gobernador del estado en la que desconoce la personalidad del presidente municipal para representar al Ayuntamiento según la ley de organización municipal, y la decisión del propio gobernador, porque en los contratos en los que el estado es parte a quienes les corresponde proceder es a las salas del tribunal de justicia.
Fue hasta el 18 de mayo cuando quedó solucionado el conflicto mediante la firma del convenio en el que se detalló el número de lámparas de las calles -86 en total- y de las que estaban en la presidencia, la plaza, los mercados Juárez e Independencia, la inspección de policía, el hospital civil, la administración de limpieza, la plazuela Juárez; además se estipuló la tarifa mensual municipal de 300 pesos oro por un consumo de hasta tres mil kilowatts por hora y el pago de 4 centavos por cada kilowatt por hora extra; el ayuntamiento cubriría el adeudo de diciembre y febrero en abonos mensuales de 100 pesos y la compañía conservaría la concesión que se le otorgó en 1906.
