El Gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmaron el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente. (AGENCIAS)
Por ahora, la mayor parte del presupuesto federal se destina a gasto social y la menor parte a la inversión, lo que inevitablemente inhibe tarde o temprano el crecimiento de la economía, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El organismo de investigación y análisis del sector privado apuntó que el fenómeno no es nuevo, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), la inversión pública pasó de un pico reciente de seis por ciento, en 2009, a 2.8 por ciento en 2018.
Para este año, se prevé que su comportamiento siga a la baja al proyectar un porcentaje de 2.7 por ciento, tendencia que representa una incidencia negativa continuada en el crecimiento del PIB.
Expuso que para impulsar un mayor crecimiento de la economía mexicana, se intenta lograr que la inversión represente 25 por ciento del Producto Interno Bruto, de lo cual 20 por ciento sería privada y cinco por ciento pública.
Informó que se busca canalizar esta inversión de la manera más eficiente hacia proyectos con una elevada rentabilidad social y económica, y que estimulen la competitividad del país.
Para ello, el Gobierno Federal y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmaron el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente, convencidos de la necesidad de mayor inversión y del potencial de crecimiento de México, el pasado 13 de junio.
En su publicación semanal "Análisis económico ejecutivo", expuso que el acuerdo hace hincapié en la necesidad de elevar la inversión pública a cinco por ciento del Producto y abre la posibilidad de colaboración del sector privado para lograrlo.
En primer lugar, es necesario que los proyectos de inversión pública cuenten con una evaluación de costo beneficio para que puedan ser incluidos en el presupuesto federal.
Precisó que esto es un mandato de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además de una práctica necesaria para evitar el desperdicio de recursos del Estado en proyectos que no generen un valor presente neto en términos sociales.
Para la colaboración de la iniciativa privada en proyectos públicos, es necesario que los riesgos se asignen justa y correctamente entre ambos sectores.
Conviene subrayar este aspecto, ya que en México y en el mundo hay muchos casos en los que el sector público, y finalmente el contribuyente, ha terminado adoptando riesgos en exceso, lo que a su vez deriva al final en mayores costos, en proyectos en los que la participación privada más bien ha disfrutado de los beneficios, añadió.
