Trump arremete contra la investigación rusa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió ayer contra la investigación sobre la trama rusa dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, que está en negociaciones para interrogar al mandatario con el fin de dilucidar su posible papel en la injerencia de Moscú en las elecciones de 2016.

Trump atacó al equipo encabezado por Mueller un día después de que su abogado personal, John Dowd, pidiera el fin de esa investigación al considerar que fue "manufacturada" por los exdirigentes del FBI por motivos políticos.

"¿Por qué el equipo de Mueller tiene 13 demócratas de línea dura, algunos de ellos grandes simpatizantes de la Corrupta Hillary (Clinton), y Cero Republicanos? Hace poco añadieron a otro demócrata... ¿Alguien cree que esto es justo? Y sin embargo, ¡NO HUBO CONSPIRACIÓN (con Rusia)!", escribió Trump en Twitter.

Trump omitió que el propio Mueller es republicano, y que fue nominado en 2001 como director del FBI por un presidente de ese partido, George W. Bush.

Para Trump, repetir en Twitter que su campaña no conspiró con Rusia es casi el pan de cada día, pero nunca había mencionado directamente a Mueller en sus tuits hasta la tarde de antier sábado, según revela una búsqueda en un archivo público de sus mensajes en esa red social. "La investigación de Mueller nunca debería haber empezado, porque no hubo conspiración y no hubo crimen. Se basó en actividades fraudulentas y en un falso dossier financiado por la Corrupta Hillary (Clinton)", tuiteó Trump el sábado.

Esas dos menciones al fiscal especial, que actúa de forma independiente bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia, revelan su impaciencia respecto a la investigación rusa.

No obstante, uno de los abogados de Trump, Ty Cobb, aseguró ayer que "el presidente no está considerando ni hablando de despedir al fiscal especial, Robert Mueller", en un comunicado con el que intentó frenar la especulación mediática sobre el tema.

El equipo de Mueller lleva más de dos meses negociando con los abogados de Trump para interrogar al presidente, y éste ha asegurado que está dispuesto a testificar.

Pero la Casa Blanca está deseosa de cerrar cuando antes el capítulo de Rusia, y los abogados de Trump quieren exigir a Mueller que fije una fecha para poner fin a la investigación, en concreto unos 60 días después del interrogatorio al presidente, según informó este mes el diario The Wall Street Journal.

Trump se siente respaldado por la decisión de los republicanos que lideran el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que hace una semana pusieron fin a su propia investigación al asegurar que no habían hallado ningún tipo de coordinación entre la campaña de Trump y el Kremlin.

El abogado de Trump pidió este sábado que el "número dos" del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, cierre la investigación de Mueller por considerar que fue "manufacturada" por el exdirector del FBI James Comey, despedido por el mandatario en mayo pasado, y el exsubdirector de esa agencia, Andrew McCabe.

El Departamento de Justicia despidió el viernes a McCabe, dos días antes de su previsto retiro, tras acusarle de haber hecho "una filtración no autorizada a un medio de comunicación".

McCabe, un frecuente blanco de las críticas de Trump, denunció que su despido era un intento de desacreditarle como testigo en la investigación de Mueller, al que supuestamente ha entregado una serie de notas que tomó después de sus contactos con el presidente.

Trump minimizó ayer ese dato, al asegurar en Twitter que pasó "muy poco tiempo con Andrew McCabe", y tachó de "falsos informes" cualquier nota que pudiera existir sobre esos encuentros.

Los mensajes de Trump sobre la investigación de Mueller alarmaron a varios miembros del Congreso, entre ellos el congresista demócrata Mark Warner, quien pidió a "todos" los legisladores, de ambos partidos, "defender al fiscal especial, ahora mismo".

Ordenó a sus asesores firmar confidencialidad

Trump ordenó el año pasado que sus principales asesores firmaran acuerdos en los que se comprometían a no divulgar información confidencial de la Casa Blanca incluso después de que el mandatario abandone el poder, informó ayer el diario The Washington Post.

Poco después de asumir el poder a comienzos de 2017, y con el objetivo de frenar las frecuentes filtraciones a la prensa de detalles sobre su Gobierno, Trump instruyó a los altos funcionarios de la Casa Blanca a firmar acuerdos de confidencialidad.

El Post accedió ayer a un borrador de esos acuerdos, que afirma que los violadores deberán pagar 10 millones de dólares al Gobierno federal si rompen el trato, aunque es probable que la multa descendiera en el contrato final porque algunos de quienes lo firmaron no recuerdan una cifra tan alta, según el diario.

El compromiso de confidencialidad no caducaría cuando el funcionario abandonara la Casa Blanca, sino que seguiría activo cuando termine el mandato de Trump.

"No está limitado a los cuatro u ocho años que él sea presidente, o los cuatro u ocho meses que alguien trabaje allí. Está hecho para sobrevivir a todo eso", dijo al diario una persona que firmó el acuerdo, y que pidió el anonimato.

Los miembros más destacados de la campaña de Trump firmaron acuerdos similares, pero no está claro que ese tipo de contrato pueda ser legal en el caso de altos funcionarios del Gobierno, dada la protección a la libertad de expresión que impone la Constitución estadounidense.

"Los empleados públicos no pueden ser amordazados por acuerdos privados. Estos supuestos acuerdos son inconstitucionales e imposibles de implementar", dijo en un tuit la organización independiente Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Según el Post, muchos funcionarios de la Casa Blanca accedieron a firmar los acuerdos precisamente por considerar que sería imposible implementarlos, especialmente una vez que Trump abandonara el poder.