Asimismo, la dependencia federal solicitó una sanción equivalente a 990 días de multa, no pidió reparación del daño y se desistió de solicitar su inhabilitación como servidor público. (ARCHIVO)
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa a cambio de obtener una reducción en su condena.
Duarte negoció con la Procuraduría General de la República (PGR) desde el 17 de septiembre un proceso abreviado, con el fin de acortar el mismo y evitar el juicio oral, mismo que fue aceptado por la dependencia.
La PGR solicitó una pena de nueve años de prisión, que no podrá cumplirse en libertad, así como el decomiso definitivo de 40 propiedades a su nombre.
Se ordenó el decomisó de 22 parcelas, seis inmuebles en la Ciudad de México, un terreno en el Estado de México, tres departamentos en Boca del Río, Veracruz, cuatro más en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y seis terrenos en Cancún, Quintana Roo.
Además, el juez lo amonestó para que evite reincidir en la comisión de algún delito y le suspendió sus derechos políticos y civiles por el tiempo que dure en prisión.
Asimismo, la dependencia federal solicitó una sanción equivalente a 990 días de multa, no pidió reparación del daño y se desistió de solicitar su inhabilitación como servidor público.
La PGR presentó un total de 47 testimonios de excolaboradores de Javier Duarte, en el que se detallaron la forma en que el exgobernador encabezó la red donde se desviaron recursos del erario mediante empresas fantasma.
No obstante, una vez concluida la condena, aún cuando ésta sea menor, Duarte no podrá salir del Reclusorio Norte debido a dos procesos promovidos por la Fiscalía General del Estado de Veracruz en su contra, mismos por los que se le dictó prisión preventiva.
El juez Marco Antonio Fuerte Tapia del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte especificó que debido a que Javier Duarte aceptó llevar su procedimiento de manera abreviada, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la pena de prisión que le impuso no podrá ser sustituida por ningún beneficio.
De los nueve años de prisión a los que fue condenado, explicó que se deberá descontar el tiempo que ha permanecido privado de su libertad; es decir que empezó a contar desde el 15 de abril del 2017, por lo que únicamente pasará en prisión siete años y medio.
Por operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juez especificó que la multa que le impuso asciende a 300 días de salario mínimo que se pagaba en el año 2011 en el estado de Campeche, que es de 52 mil 317 pesos en total y por asociación delictuosa, los 90 días de multa fueron calculados conforme al salario del 2016 en la Ciudad de México, que en total resultaron 6 mil 573.60 pesos.
En ambos casos el juez consideró los lugares en los que se consumaron los delitos.
