Pilar López, ambientalista de Encuentro Ciudadano Lagunero por la Calidad del Agua, explicó que se tocan temas como las vedas, las concesiones actuales, se violan los artículos 1, 2, y 4 de la Ley de Aguas Nacionales. (ARCHIVO)
Preocupa decreto aprobado por Enrique Peña Nieto en cuanto al agua, pues advierten que implica un avance para favorecer a empresas mineras, desarrolladores urbanos y petroleras.
Pilar López, ambientalista de Encuentro Ciudadano Lagunero por la Calidad del Agua, explicó que se tocan temas como las vedas, las concesiones actuales, se violan los artículos 1, 2, y 4 de la Ley de Aguas Nacionales.
Refirió que este decreto permitirá posicionar la nueva Ley de Aguas Nacionales que se pretende aprobar y que se verán más afectados los estados del sur del país, incluyendo el tema de la construcción de la presa Las Cruces, en Nayarit, donde se afectaría a los usuarios del río, se reserva en San Pedro Mezquital, de 2 mil millones de metros cúbicos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
"Dentro de los 20 estados que vienen mencionándose no está Coahuila como afectación concreta, pero es un tema muy delicado para todo el país", expresó.
Indicó que Encuentro Ciudadano Lagunero está con la organización internacional Agua para Todos, que ha externado una postura al respecto, donde se establece que los Decretos de Reserva quitan las vedas para extender la lógica del sistema de concesiones impuesto en México a través de la Ley de Aguas Nacionales (1992) como pre-condición para entrar en el TLCAN por encima y en desconocimiento de la multitud de formas de tenencia del agua y pertenencia al agua-territorio existentes en el país, ya que ni siquiera Estados Unidos maneja sus aguas a través de un sistema único de concesiones.
Aunque las vedas han sido violadas sistemáticamente por la Conagua a lo largo de sus 29 años de existencia, las empresas trasnacionales requieren de concesiones con seguridad jurídica, lo cual requiere formalmente eliminar las vedas.
Indicó que, aunque están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente, incluyen reservas para uso urbano, y en algunos, para la generación de energía eléctrica y solo un poco más de 300 para uso ambiental. Los decretos se basan en la Ley de Aguas Nacionales, la cual, según el tercer transitorio de la reforma al 4 Artículo Constitucional, tendría que haber sido reemplazada en febrero 2013, con una ley centrada en el derecho humano al agua, la cual "sentaría las bases" para la participación de la ciudadanía junto con los tres niveles de gobierno para la consecución del "acceso y uso equitativo y sustentable" del agua.
Los decretos extinguen los derechos al agua de los núcleos agrarios que no fueron renovados a tiempo. Hay 50 mil concesiones "caducadas" en el país, principalmente de ejidos, comunidades y pueblos, que no se imaginaban que sus derechos al agua tendrían que renovarse. Lo más probable es que la Conagua los dejarán en posesión, ahora "clandestina," de sus fuentes mientras "liberan" estos volúmenes para concesiones en firme a las mineras, petroleras que los están exigiendo.
Los decretos no mencionan el derecho humano al agua, lo cual desde la reforma al 4 artículo el 8 febrero 2012, tendrá que estar en el centro de cualquier política hídrica. Asignan volúmenes para el "uso público urbano" como si este uso fuera equivalente al derecho humano al agua. Sin embargo, el "uso público urbano" incluye a cualquier uso al cual un organismo estatal o municipal quisiera concesionar o contratar sus aguas.
Destinan las grandes asignaciones para "uso público urbano" a los gobiernos estatales, con vigencia a 50 años, cada decreto especifica los estados que deben solicitar estos volúmenes, sentando las bases para la privatización vía trasvases y el concesionamiento de servicios de agua y saneamiento.
La reasignación de agua hacia las zonas urbanas, a costa de los derechos de núcleos agrarios (en la forma de asignaciones y concesiones que las comunidades rurales no y asignaciones que ahora serán extinguidas), y en desconocimiento de derechos de pueblos indígenas, pone en riesgo el derecho humano al agua de las comunidades rurales.
La publicación de estos decretos en este momento, frente a la posibilidad de que la Presidencia de la República no quede en manos de los partidos que aprobaron las reformas estructurales, indica que hay una gran posibilidad de que se otorguen estas grandes asignaciones a los gobiernos estatales favorecidos en estos próximos meses.
Permiten el otorgamiento de los volúmenes reservados a cualquier entidad elegible a ser titular de una asignación, esto incluye a cualquier entidad pública o paraestatal, como son CFE y PEMEX. Los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios. En casi todo el país, las fuentes históricas del agua de los pueblos indígenas han sido registradas en nombre de los municipios o de las comisiones estatales.
No contemplan ningún papel para la ciudadanía, en violación del 4 Artículo constitucional. Todo el poder sobre las reservas urbanas, ecológicas y para energía eléctrica estará en manos de la Conagua. Las reservas para uso ambiental, conservación ecológica o "caudal ecológico" se expresan en millones de m3/año, cuando es sabido que la protección de los ríos, las cuencas y sus ecosistemas depende más bien en su régimen de flujo. Cada decreto indica que las reservas para uso ambiental en una cuenca podrán ser concesionadas aguas abajo. En las exposiciones de motivos al inicio de cada decreto hablan de la necesidad de un aprovechamiento máximo de las aguas para el desarrollo económico... y ven como un desperdicio los volúmenes de agua que llegan al mar.
En varios de los decretos, el agua para conservación ecológico o uso ambiental se concesiona en vez de ser reservado en manos públicas.
