El exproductor el portugués Paulo Branco alega que también tiene derechos sobre la película. (ARCHIVO)
El Festival de Cannes
celebró ayer tener la autorización judicial
para proyectar en su clausura
El hombre que mató a Don Quijote,
del británico Terry Gilliam, y se alegró
de que las “tentativas de intimidación”
orquestadas por su exproductor,
el portugués Paulo Branco,
no hayan funcionado.
La Justicia, según su comunicado,
ha confirmado que, “contrariamente
a lo que no han cesado de pretender”
el exproductor y su abogado, “entre
otros ataques difamatorios y mentiras,
el Festival de Cannes nunca se ha
colocado por encima de la ley”.
El Tribunal de Gran Instancia de
París decidió autorizar la proyección
del próximo día 19, aunque, según
destacó Branco, deberá precisar que
su proyección no “prejuzga” los derechos
sobre la obra reivindicados por
el productor.
Cannes dijo estar “muy contento
de que esa película tan singular y de
alguna forma dolorosa en la carrera
del gran artista que es Terry Gilliam
sea desvelada por primera vez ante
los periodistas, festivaleros y profesionales
del mundo entero” en su
clausura.
El festival recordó que Branco y
su productora, Alfama Films Production,
habían denigrado al certamen
ante la prensa y en las redes sociales
al afirmar que no tenía derecho de
seleccionar esa película.
Con la sentencia de ayer, sus organizadores
consideraron que el productor
ha perdido su derecho a exigir
una compensación.
No obstante, Branco avanzó que
aunque no recurrirá ese dictamen, sí
presentará una demanda contra Cannes
por “daños colaterales”.
El productor compró los derechos
sobre la película en 2016 y está enzarzado
en una batalla judicial sobre los
mismos desde que rompió su relación
profesional con Gilliam por fuertes
discrepancias presupuestarias, entre
otros motivos.
La reacción del festival se conoce
el mismo día en que el Centro Nacional
Cinematográfico francés (CNC)
indicara que ha otorgado al filme
una visa de explotación que permite
su difusión en las salas.
Esta visa fue solicitada por la productora
Kinology, junto con sus coproductores
españoles (Tornasol),
portugués y belga, y para el CNC, la
sentencia de ayer confirmó que sería
“desproporcionado” impedir su difusión
por culpa del conflicto sobre sus
derechos, que todavía debe ser resuelto
en los juzgados.