Aunque para muchos coahuilenses ha disminuido la intensidad de la protesta por las irregularidades en la jornada electoral del pasado 4 de junio, para las organizaciones de la sociedad civil que conformamos la Alianza Anticorrupción Coahuila el trabajo en materia anticorrupción ha aumentado en intensidad en las últimas semanas.
En la lucha por la construcción de una sociedad más democrática, participativa e incluyente, ambos temas tienen una preponderancia fundamental; sin embargo, el proceso legal que continúa sobre el resultado de las elecciones, no corresponde a las organizaciones propiamente, sino a los partidos políticos. Aunque seguimos atentos, vigilantes, haciendo lo que por proceso corresponde a quienes fuimos acreditados por el INE como observadores electorales, la sociedad civil no cuenta con la figura jurídica para involucrarse directamente en la impugnación o el procedimiento para solicitar la nulidad de la elección para gobernador de Coahuila.
En la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, por otro lado, nuestra participación es más activa y directa. 109 asociaciones ciudadanas coahuilenses hemos trabajado desde hace meses para reunir voluntades, conocimientos y propuestas que garanticen que las reformas y nuevas leyes que conformen el Sistema lo estructuren de manera autónoma e independiente. Es decir, que aunque es el Congreso en donde se presentan y discuten las iniciativas, en este caso particular debemos pugnar porque los intereses de la ciudadanía, y no de los funcionarios públicos, queden plasmados íntegramente en el nuevo Sistema Anticorrupción.
El 13 de junio el gobernador Rubén Moreira presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Coahuila en la que establece la asignación y remoción directa de figuras clave en el SEA, como el Fiscal General, el Fiscal Especial Anticorrupción, el Auditor Superior del Estado y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, por parte del ejecutivo estatal y el Congreso (es decir, que el gobernador se adjudica la función de quitar y poner a estos funcionarios, a su propio interés y conveniencia). Esta iniciativa no considera la participación de la ciudadanía en la integración de las leyes y reformas para conformar el SEA.
Por esto, Alianza Anticorrupción lanzó un pronunciamiento y una enérgica demanda hacia las autoridades estatales, con el fin de clarificar, una vez más, que en la médula del Sistema Estatal Anticorrupción debe encontrarse la ciudadanía organizada. De otra manera, las figuras y procedimientos que surjan de las nuevas leyes no serán sino otra simulación del estado para asegurar que combaten la corrupción, que son transparentes y que rinden cuentas.
Exigimos, de manera muy concreta, que las reformas y leyes del SEA incluyan, entre otras, las siguientes garantías:
· Autonomía del Fiscal General y otras piezas claves del SEA
· Facultades reales de autoridad y obligación de denunciar actos de corrupción, por parte de los organismos que conforman el SEA
· Un método público y transparente para la designación de los integrantes del Comité de Selección, el Comité de Participación Ciudadana y el Secretario Técnico del SEA.
· Un Comité Coordinador que pueda, realmente, ser evaluado, transparente y que rinda cuentas sobre su función.
· Eliminación del fuero constitucional
· Revocación de mandato
· Mayor publicidad y transparencia en el formato de datos abiertos.
En cierta medida, el éxito de nuestras demandas depende también del apoyo con que podamos contar por parte de la ciudadanía. Podemos impulsar una agenda ciudadana en la conformación del SEA y otros escenarios de evaluación de la función pública, siempre y cuando nos mantengamos informados, compartamos la información y utilicemos los medios a nuestro alcance para promover esta agenda.
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