Una cosa es que se les califique de corruptos y otra muy distinta que se les compruebe que lo son. Para cometer los actos de corrupción como: desviación de fondos públicos, robo descarado, pero disfrazado de legalidad, enriquecimiento al amparo del cargo, encubrimiento de subordinados y de quien les heredó el poder, falsificación de documentos para la contratación de créditos, entre otros, se necesita también de los subordinados que les deben obediencia absoluta y acatan cualquier instrucción, trátese del presidente que le dice a su amigo que investigue y sancione sobre el asunto de la casa blanca, del gobernador de Coahuila que no se dio cuenta que sus subordinados estaban falsificando documentos que permitieron el enorme endeudamiento que pagaremos los coahuilenses durante varias generaciones, de su hermano que hereda el cargo y que sobre la deuda dice saber sólo lo que los medios de información publican (sin reconocer la existencia de una verdadera banda organizada para saquear los impuestos que todos pagamos), del alcalde de Torreón que sólo después de 2 años reconoce el batidero de Gobierno que heredó y que a pesar de este reconocimiento sigue moviéndose en el mismo lodazal con la misma banda. ¿Qué es lo que tenemos? Un Coahuila en bancarrota con un gobierno despótico que más se parece a un feudo, un Torreón devastado, cuyas calles parecen zona de guerra y un alcalde que se regodea en su sueño de gobernador sin siquiera haber demostrado capacidad para gobernar el municipio. ¿Qué tienen en común? La complicidad que viene de tiempo atrás, y pudiera afirmarse que desde las ligas del profesor Humberto Moreira con su líder Elba Esther Gordillo que le permite a través del INEA (Instituto Nacional de Educación para Adultos) llegar a gobernador, sin importarle realmente esos adultos que requerían un certificado de primaria para conseguir empleo, ni que los exámenes que deberían resolver ellos lo hicieran los promotores de ese instituto. Formas de corrupción las encontramos no sólo en el hacer, sino también en el no hacer; el cinismo y el descaro no acaban. A su llegada México procedente de España, Humberto Moreira declara que "las acusaciones (que le hicieron) manchan su honor"; no cabe duda que estamos en el culmen del cinismo que da la impunidad. En todo este ir y venir de denuncias de corrupción, complicidades y organización criminal de políticos, gobernantes y representantes, aparece un buena noticia que resulta no sólo del hartazgo y la rabia de la sociedad sobre este inmisericorde y sistemático saqueo del país, sino también de la inteligencia y la capacidad de poder articular a las organizaciones de la sociedad en torno a un propósito: el impulso de medidas, instrumentos, normas y formas de enfrentar el problema de la corrupción desde la sociedad misma y no atenernos a que los legisladores que se dicen representantes nuestros en el congreso, esperen que les lleguen las iniciativas del presidente. Me explico: un grupo variado y amplio de conocedores, expertos académicos, organizaciones sociales, empresariales, intelectuales y asociaciones civiles, impulsan desde el día 3 de enero una propuesta ambiciosa y detallada sobre cómo combatir la corrupción y sancionarla. Se trata de la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, que deberá servir de ancla para armar el complejo sistema nacional requerido para combatir la corrupción y la impunidad. Esta iniciativa se funda en la reforma constitucional publicada en el DOF el 27 de mayo de 2015, que permite se pueda iniciar este procedimiento a través de la figura de "iniciativa legislativa popular", que debe cubrir el requisito para ser admitida por el congreso y votada en este período ordinario de sesiones que recién inicia y antes de que el mismo concluya. ¿Qué establece esta iniciativa? En principio 10 conductas que se consideran actos graves de corrupción: soborno, peculado (robo o desvíos de dinero de los contribuyentes), tráfico de influencias (casa blanca), abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia (impedir que se castiguen actos de corrupción), colusión (acuerdo entre competidores para obtener beneficios de recursos públicos), uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción. Sin embargo, algo más nos presenta esta iniciativa: la posibilidad real de ver cuál es el comportamiento de los diputados a la hora de darle el trámite al proceso de recepción y dictamen de la misma. Amable lector, se nos presenta la oportunidad de conocer los intereses de los legisladores y de dar seguimiento a los que nos representan en cada uno de los distritos en que fue dividido el país; es la hora de la sociedad, el balón está en nuestra cancha y debemos aprovecharlo. PC 29 está impulsando junto con otras muchas organizaciones de la sociedad civil la invitación para que se recaben las 120 mil firmas que deben acompañar esta propuesta, es requisito y sabemos que pueden ser muchas más. Ya es hora de hacer valer nuestros intereses. Si estás interesado en participar, contáctanos. Es claro que en las próximas semanas continuaremos con los detalles de esta propuesta de ley.
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