Barbosa Huerta opinó que se trata de manera muy protectora al servidor público, pues muchas de las conductas que deben ser consideradas faltas administrativas graves no se consideran así en la propuesta. (ARCHIVO)
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Miguel Barbosa Huerta, consideró insuficiente el documento de trabajo presentado por la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana frente a los propósitos y los alcances contenidos en la reforma constitucional.
En conferencia de prensa, el líder de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República recordó que ese documento es para el inicio del proceso legislativo del andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción.
En un primer análisis del documento, dijo, se observa la reducción del Sistema Nacional Anticorrupción a una mera instancia de coordinación institucional de las autoridades encargadas de prevenir, investigar y perseguir los delitos de los servidores públicos o de hechos vinculados a corrupción.
El senador perredista planteó que se desnaturaliza la esencia del Sistema Nacional Anticorrupción y se llevan todas las facultades al control de la Secretaría de la Función Pública, “porque es la Secretaría que se controla desde la Administración Pública Federal”.
En materia de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, Barbosa Huerta opinó que se trata de manera muy protectora al servidor público, pues muchas de las conductas que deben ser consideradas faltas administrativas graves no se consideran así en la propuesta.
Es decir, deja la competencia para imponer sanciones sólo a cargo de la Secretaría de Control Interno o de los entes de control interno de cada institución federal que se replica a nivel de los estados.
Destacó que tampoco se hace obligatoria en la Ley General de Responsabilidades hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, lo que contraviene al Artículo 108 de la Constitución, donde ya está establecido.
“Para la propuesta del Gobierno, sigue siendo una potestad del servidor público, una potestad para decidir si se hace pública o si no se hace pública”, indicó.
En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, el senador Miguel Barbosa señaló que se elimina la posibilidad de la auditoría en tiempo real y para asuntos concluidos del mismo periodo fiscal aún no terminado.
“No alcanza eso que fue tan importante para que la Auditoría Superior de la Federación pudiera auditar el ejercicio de recursos donde se están gastando, no cuando se terminaron ya de gastar”, enfatizó.
