Descontrol. Hacienda, el SAT y la CNBV no han podido controlar el problema del lavado.
Desde 2010 que el gobierno federal lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero, el país puso en marcha leyes, reformas y medidas de vigilancia financiera más estrictas "que pueden contribuir a judicializar los casos de lavado de dinero", afirma Ricardo Gluyas, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Sin embargo, aún no son suficientes.
La más importante es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que opera desde junio de 2013. También las reformas que fortalecieron las facultades de supervisión financiera de la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV).
Entre ellas destaca el esquema de certificación para auditores externos y oficiales de cumplimiento, que deben comprobar ante la CNBV sus conocimientos sobre las leyes financieras en materia de prevención, detección y reporte de posibles actos de lavado de dinero y terrorismo.
"Esta es una gran medida para elevar la calidad en todos los procesos relacionados con la prevención de estos dos ilícitos", afirma Czecki, de ACAMS.
Hacienda además elaboró una lista de 17 actividades financieras y comerciales que considera vulnerables frente a los flujos de dinero de origen ilícito. Desde el año pasado, todos los negocios relacionados con esos sectores deben registrar e identificar a sus clientes, así como reportar operaciones que rebasen montos máximos establecidos.
Los expertos consideran, sin embargo, que esa lista debe crecer hacia otros sectores que manejan grandes flujos de efectivo, como bares, restaurantes y hoteles, coinciden los expertos.
"Cualquier sector es susceptible de ser utilizado por el delincuente financiero", dice Vila, de ACFCS.
"La minería, por ejemplo, es un sector de riesgo porque se ha detectado que los delincuentes recurren a la comercialización de oro debido a la falta de vigilancia en muchos puntos en la cadena de suministro", dice.
Pero si alguna organización criminal busca mover dinero a gran escala, asegura, lo hará a través de la creación de compañías y entidades legales, en países de alto secretismo donde puede esconder al verdadero titular.
"El lavador de dinero ya no es un delincuente rústico, que llega a la ventanilla del banco con una bolsa repleta de billetes para depositar. Ahora son sofisticados ingenieros económicos que saben moverse en los espacios oscuros del mundo financiero internacional, y esas grietas son las que se deben tapar", dice Vila, de (ACFCS).
REPORTES Y ALERTAS
A partir de las reformas de 2013, Hacienda también estableció un sistema de reporte y alerta para operaciones inusuales (que no concuerda con el perfil habitual de los clientes de las instituciones financieras) y preocupantes (relacionadas con directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras), y a través de la CNBV entregará a las instituciones financieras una Lista de Personas Bloqueadas, relacionadas con delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
"Estas listas de personas restringidas para realizar actividades comerciales coloca a México a la vanguardia en esta materia", asegura Czezcki, quien reconoce también la extinción de dominio como una buena medida "porque le pega directamente a la cartera de los delincuentes".
La extinción de dominio es un recurso no penal que permite a las autoridades recuperar los activos de la delincuencia, sin necesidad de la sentencia condenatoria de un juez, como ocurre con el decomiso, explica Gluyas, del Inacipe.
Pero este recurso civil, que opera en al menos 12 estados, así como en el ámbito federal, tiene sus complejidades, explica Vila.
Las autoridades, dice, deben presentar un caso sólido y sus solicitudes deben detallar la causa de la confiscación, el embargo preventivo y la recuperación final.
RAMAS DE
Actividades son señaladas como blanco para el lavado
