Los plazos específicos para emitir normas y nombramientos no siempre los han respetado, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, a pesar de que violan la Constitución y disposiciones legales, de acuerdo al reloj legislativo creado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El llamado Violómetro Constitucional, que mide en tiempo real las violaciones constitucionales del Congreso, documenta 16 casos concretos en los que varias Legislaturas han incurrido.
Estas obligaciones derivan de artículos transitorios en leyes o la Constitución en los que se ponen plazos para que los legisladores adecuen leyes o emitan otras.
Uno de los casos más graves es la regulación de la Propaganda Gubernamental, con 7 años y cinco meses de retraso.
De acuerdo al Violómetro Constitucional, la Ley General de Aguas tendría que haber sido votada por las dos Cámaras hace dos años y dos meses.
El nombramiento del contralor interno del Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene un retraso de un año y 9 meses.
También están documentados otros 29 casos en los que diputados y senadores violaron los plazos para emitir nuevas regulaciones o hacer nombramientos.
La designación a tiempo de los consejeros electorales del IFE dejó de cumplirse en 4 ocasiones.
Los momentos más criticados son en el 2010, cuando los diputados se tardaron un año y un mes para hacer el nombramiento; y en el 2013, cuando se dejaron pasar 13 meses antes del nombramiento de los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral.
