Derrame. El domingo 10 de agosto derramó una presa de jales de la compañía Proyecto Magistral en el municipio de El Oro, al norte del estado de Durango.
El presidente de la asociación Ambientemos Durango, Héctor Hernández Soto pidió a las autoridades ambientales del orden federal se involucren en el tema de inspección en la industria minera.
Da acuerdo al activista, lo ocurrido en el municipio de El Oro, el pasado diez de agosto en donde derramó una solución cianurada de una pequeña empresa de jales denominada Proyecto Magistral, representa un daño ecológico severo, es un ecocidio aunque a menor escala si se compara con lo sucedido en el estado de Sonora.
Soto Hernández, señaló que una presa de jales debe cumplir una normatividad, puesto que se debe localizar a cierta distancia de los afluentes de agua y cumplir determinados requerimientos técnicos.
Por ello tras lo acontecido establece que no se cumplió con la norma, pues de lo contrario no se hubiera derramado la pequeña presa, y lo que preocupa es lo que se pueda esperar, si se continúa con la temporada de lluvias y hay una mayor precipitación; "puede suceder algo similar y no en esta mina sino en otros yacimientos".
De ahí que se quiere que se que haya autoridades más estrictas, pues si bien la industria minera es un sector importante en la generación de empleo para los duranguenses, también es importantes que las autoridades vayan a campo, que verifiquen y que hagan el trabajo de inspección.
"No dudo que exista capacidad por parte del personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero hace falta que los titulares se involucren más en el tema, pues se sabe de buena fuente que este asunto es analizado por oficinas centrales", refirió.
Dijo "se sabe que el procedimiento que fue realizado por Profepa no fue el correcto, y esto nos preocupa porque además la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no hace su trabajo como debe ser y hay una molestia ciudadana".
En el caso de Profepa que es quien debe de verificar las autorizaciones que hace Semarnat, y estas no se están apegando a lo que señala la normativa.
En ese sentido, señaló que hace falta exigirles y ahora lo que se espera es que den una respuesta sobre el por qué se dan este tipo de situaciones aunque el daño ya está hecho.
Y si bien aún no se puede determinar hasta dónde llega la afectación, la asociación se cuestiona el porqué sucede esto cuando hay dos instituciones que se deben encargar de verificar y dar autorizaciones, y que los estudios de impacto lo hagan especialistas en la materia.
