Se defiende. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, inició proceso contra exfuncionarios.
La defensa del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de servidores públicos de esa dependencia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ya que presuntamente incurrieron en anomalías durante la investigación en su contra, como en la toma de declaraciones de testigos protegidos en Estados Unidos.
Marco Tulio Ruiz, uno de los representantes legales del exmandatario, acudió a la sede de la PGR, donde presentó la denuncia de hechos por el delito de coalición de servidores públicos, y entregó el escrito ante la Oficialía de Partes de la institución.
El abogado detalló que los servidores públicos denunciados -de los cuales se reservó el nombre- presuntamente participaron en irregularidades en la integración de averiguaciones previas que se iniciaron en el sexenio anterior contra Yarrington.
Detalló que Ministerios Públicos se excedieron en sus funciones al momento de tomar la declaración de testigos protegidos, en diligencias que se realizaron en los consulados de San Antonio, Texas y Washington, y que los cónsules de estas representaciones al parecer permitieron las anomalías, por lo que pidió que se investigue su actuación.
Explicó que en la denuncia "se plantea la connivencia que se dio entre Ministerios Públicos de la PGR e integrantes del Servicio Exterior Mexicano, durante la administración anterior; se realizaron diligencias por parte de estos servidores públicos, a todas luces ilegales, y esas irregularidades son las que venimos a hacer del conocimiento del procurador general de la República".
Como ejemplo, detalló que en las declaraciones que se tomaron a los testigos protegidos con claves Pitufo, Pedro, Óscar, Ángeles y Geraldine, entre otros, los Ministerios Públicos actuaron tanto como agentes ministeriales y también se hicieron pasar como testigos de asistencia, "circunstancia que está prohibida por nuestras leyes penales".
Expuso que los cónsules mexicanos de distintas ciudades de Estados Unidos "se prestaron a este tipo de porquerías por parte de estos agentes del Ministerio Público, abdicaron de sus funciones con total quebranto a la ley del Servicio Exterior mexicano, practicaron diligencias fuera de sus jurisdicciones, lo cual está totalmente prohibido".
Ruiz detalló que "hay diligencias que aseguran que empezaban a una hora en San Antonio, y continuaban dos horas después en Washington, cuando entre ambas ciudades existen aproximadamente dos mil kilómetros de distancia, todas estas circunstancias están plasmadas en las averiguaciones previas".
Asimismo, el abogado reveló que la defensa de Yarrington ha presentado cuatro denuncias contra la exprocuradora Marisela Morales Ibáñez, "por hechos en los que se vio involucrada, una de ellas es por la revelación de información de carácter confidencial a la que está sujeta toda averiguación previa, hubo filtraciones; y en esta nueva denuncia también podría derivarse alguna responsabilidad para la exfuncionaria".
Detienen a exalcalde por peculado
El exalcalde panista de Doctor Mora, Rubén Darío Piña Martínez, fue detenido por agentes investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guanajuato, acusado del delito de peculado en agravio de la administración pública municipal.
La PGJE informó que el exmunícipe de Doctor Mora dispuso del dinero que estaba destinado para el mantenimiento y reparación de alumbrado público y de edificios públicos y adquirió bienes inmuebles que no fueron localizados ni registrados en el inventario público.
La fiscalía informó que ayer martes complementó una orden de aprehensión en contra del exedil dentro del proceso penal 12/2013.
Piña Martínez, de 48 años de edad, fungió como presidente municipal de Doctor Mora (localizado al norte del estado), en el período 2006 a 2009.
"En el año 2007 dispuso de dinero para el mantenimiento y reparación de alumbrado público y edificios públicos, para la adquisición de bienes inmuebles, los cuales no fueron localizados ni registrados en el inventario", señaló la PGJEG en un comunicado.
El Código Penal del estado establece que al servidor público que disponga de un bien que hubiere recibido en razón de su cargo, se le impondrá de dos a diez años de prisión y de sesenta a doscientos días multa; así como destitución del empleo o cargo e inhabilitación.
A detalle
⇒ La defensa presentó 4 denuncias contra Marisela Morales.
⇒ En esta nueva denuncia también podría derivarse una responsabilidad para la exfuncionaria.
