Los exámenes de control de confianza con que se intenta depurar a las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y prisiones, tienen fallas desde el diseño de las pruebas hasta la aplicación que hacen técnicos sin conocimientos suficientes en áreas policiales ni de procuración de justicia.
Estas dos deficiencias provocan que mientras en unos estados aprueban prácticamente todos los policías y funcionarios evaluados, en otras reprueba la mitad, advirtieron especialistas.
El mecanismo de evaluación, consideró Bernardo Gómez del Campo, autor del libro "En búsqueda de un perfil policial mexicano", carece de los perfiles tipo que deberían tener los servidores públicos congruentes con las funciones que desempeñan. Al carecer de una lista de la habilidades específicas que requiere cada puesto de trabajo, con una misma batería de pruebas se evalúan las aptitudes de personas que desempeñan funciones distintas.
Esto ocasiona que califique como no aptas a personas que, con guía adecuada, podrían ser elementos eficientes, indicó en entrevista María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, la organización ciudadana que le ha dado seguimiento a la depuración.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), mientras que en Zacatecas y Sonora la mitad de los evaluados reprueba; en Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa uno de cada tres resulta no apto. En Campeche y Yucatán, aprueban prácticamente todos los examinados.
