DVR, una larga historia de polémica

Arrancan los trabajos

⇒ El DVR fue la obra más importante del sexenio de Enrique Martínez. En el mes de septiembre de 2002 se iniciaron los trabajos del Distribuidor Vial Revolución (DVR) para el que originalmente se anunció una inversión de 138 millones de pesos. La empresa encargada de la obra fue Acolsa, propiedad de Salvador Acosta Olvera, la cual siguió el proyecto de la empresa del DF, BM y bajo la supervisión externa de la firma Coordina, también de la ciudad de México. El entonces secretario de Obras Públicas, Jorge Viesca Martínez, ex presidente de la Canacintra Torreón, siempre se mantuvo al frente de la supervisión y avances del complejo vial y muy esporádicamente se tenía la visita de Manuel Gómez Parra, director de Caminos y Puentes y quien más bien se encargaba de las obras del resto de la entidad.

Problemas viales

⇒ Desde un mes después de iniciada la obra, se presentaron los conflictos viales para vecinos de las colonias aledañas, para los industriales del sector e igualmente los comerciantes debido al mal diseño de las vialidades alternas y al cierre del bulevar Revolución en el tramo del bulevar Torreón -Matamoros y el Periférico. De acuerdo con las proyecciones del Gobierno del Estado, el DVR estaría listo a finales del 2003.

Presumen con la 'Casa Abierta'

⇒ En mayo de 2003, ya en el primer año de la administración del alcalde Guillermo Anaya Llamas, actual senador por Coahuila, el entonces gobernador Enrique Martínez, realizó en el área donde se hacía la obra un evento fuera de serie denominado "Open House" es decir, "Casa Abierta''. Durante un recorrido organizado por Jorge Viesca Martínez por la obra en proceso, el gobernador declaró que: "este tipo de eventos se realiza comúnmente en los Estados Unidos para que la gente se acerque a conocer las grandes obras que se realizan, ya que, una vez en funcionamiento, pues resulta difícil hacerlo". No obstante, "la gente'', eran funcionarios, organizadores, constructores, reporteros y fotógrafos. En este puente y según explicación técnica, se utilizó tecnología española y un proceso de ingeniería muy esbelta, poco utilizada en el mercado. Al llevar un 70 por ciento de avance de la obra, se empezaron a registrar los primeros desfases en el proceso de colado de viaductos y los rumores empezaron a darse en el sentido del atraso de que no se terminaría.

'Una obra para 100 años'

⇒ Y así sucedió, pues fue hasta el 30 de enero de 2004 cuando finalmente se realizó la inauguración del complejo vial en una verbena popular en la que hasta desfile de tráileres hubo por los viaductos. "Una obra para cien años", fue lo que se dijo que se ponía en marcha entonces.

El primer accidente

⇒ Pero las expectativas cambiaron rápidamente. La madrugada del siete de febrero de 2004, un tráiler cargado con cajas de huevo, procedente del ejido La Torreña, con destino a Monterrey, cayó de uno de los viaductos y murió uno de los dos ocupantes. El accidente se registró una semana después de que el DVR entró en operación. Posteriormente, el jueves 13 de mayo de 2004 también en la madrugada, un tráiler con doble remolque, cargado éste con marmolina, estuvo a punto de caer totalmente al vacío, el conductor maniobró y logró que el tractor y la caja principal quedaran sobre el puente. Los problemas empezaron a aflorar y la guerra de declaraciones también.

El segundo accidente

⇒ El domingo 28 de agosto de 2005, alrededor de las 19:00 horas, otro tráiler se cayó del DVR y el conductor murió a consecuencia de la gravedad de sus lesiones. Vecinos de viviendas cercanas, demandaron vigilancia vial. Algunas voces se empezaron a escuchar de cerrar el DVR.

La investigación de El Siglo

⇒ Los rumores de que la obra estaba mal hecha, se empezaron a generar desde el primer accidente y se reforzaron al ocurrir el segundo. El lunes 26 de julio de 2004 El Siglo de Torreón publicó un reportaje bajo el título: Errores en construcción del DVR, donde se mencionaba que la obra, aun con dos reparaciones, no correspondía al proyecto original. Desde la primera de varias entregas periodísticas se demostró que hubo fallas estructurales de origen y con pruebas documentales se evidenció que hubo problemas desde la etapa del cimbrado y en el proceso de postensado de cables de acero que tiene el puente en su interior. También se señaló que hubo cambios en el proceso constructivo e inclusive, la recomendación de parar los trabajos en algunos viaductos y las instrucciones específicas que no se atendieron, por lo que se acentuó la problemática. Voces preocupadas desde antes de la inauguración comenzaron a escucharse con más fuerza. Una de estas fue la del entonces director de Obras Públicas de Torreón, Gerardo Berlanga Gotés y del presidente del Consejo de Vialidad, Héctor Aguirre Sarabia.

Problemas con los neoprenos

⇒ El lunes 16 de agosto de 2004 El Siglo de Torreón publicó: Bitácora confirma errores en DVR. Donde se denunciaba que no se lograron los niveles de pendientes necesarios en las rampas. Así como problemas en neoprenos y cambios en el proceso de construcción. En esta entrega se consignó, con citas textuales de la Bitácora de construcción, los problemas que hubo en el proceso y se brindó información técnica amplia y detallada sobre los motivos reales de la sustitución de los neoprenos, el porqué no se lograron los niveles de peraltes necesarios, así como fechas y fases de las fallas, de acuerdo a la comunicación, sostenida vía registros, entre la empresa supervisora externa Coordina que cobró por su trabajo cinco millones de pesos, la empresa proyectista BM, la constructora Acolsa que hizo el puente, así como personal responsable de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Gobierno del Estado. No obstante estas dos publicaciones, los accidentes registrados, aunado al clima de sospecha y desconfianza entre la ciudadanía hacia la obra, el secretario de Urbanismo y Obras Públicas, Jorge Viesca, avaló el DVR. Aseguró entonces que fue construido a prueba de peritajes y los constructores de Torreón encabezados por Alfonso Soto Corral, le dieron un reconocimiento.

Ante las evidencias... la negación

⇒ Ni el entonces secretario de Obras Públicas, Jorge Viesca Martínez, y tampoco el gobernador Enrique Martínez y Martínez, admitieron nunca las fallas en la construcción del DVR. Al contrario, si bien nunca desmintieron los señalamientos técnicos, generaron en su entorno el apoyo mediático de parte de organizaciones empresariales como la Canacintra, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Canacoto, Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna, incluso de autoridades municipales encabezadas por Guillermo Anaya Llamas quien se unió a la defensa de la obra como resultado de la buena relación que en su Gobierno mantuvo con Enrique Martínez.

El estudio de la UNAM

⇒ El 17 de agosto de 2004 Jorge Viesca anunció ante representantes de cámaras y organismos empresariales del CLIP, presidido entonces por Antonio Juan Marcos Villarreal, que se haría una tercería al DVR. Serían especialistas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), quienes hicieran los trabajos. Los resultados, favorables al Gobierno Estatal que avalaron la obra y la consideraron segura, se dieron a conocer el 25 de febrero de 2005. La investigación meramente documental costó un millón de pesos, pero no dejó conformes ni a Coparmex, ni al Consejo de Seguridad ni a Gerardo Berlanga Gotés, quien pese a que cuestionó a los especialistas de la UNAM respecto a la caída de los peraltes que continuaba, no tuvo respuesta.

Surgen las críticas

⇒ En contraparte el presidente del Consejo de Vialidad, Héctor Aguirre Sarabia, nunca convencido de las versiones oficiales, insistió en la inseguridad del DVR y el 14 de mayo de 2004, demandó se realizara una auditoría técnica a manera de tercería, secundado por Arturo Gallegos y Fernando Royo, entonces presidente y vicepresidente del Centro Empresarial de la Laguna (Coparmex).

Piden una tercería

⇒ Héctor Aguirre Sarabia Sarabia lo planteó personalmente al gobernador, Enrique Martínez, a quien le pidió una tercería ante la gran cantidad de dudas respecto a la seguridad y durabilidad de la obra. En sus declaraciones, calificó entonces de "tibia" la postura del alcalde, Guillermo Anaya, ya que asumió una actitud de indiferencia hacia el conflicto.

Ambigüedad en el Ayuntamiento

⇒ La actitud del alcalde contrastó siempre con la de su director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga, ya que éste, basándose en sus conocimientos técnicos, demandó siempre respuestas en el mismo terreno a Jorge Viesca Martínez, pero nunca las obtuvo.

Se lavan las manos

⇒ Pese a denuncias públicas, pruebas documentales, una tercería pagada a la UNAM y dictámenes técnicos que demostraban las fallas de origen en la construcción del DVR desde sus fases primarias, lo cual originó que nunca dieran los peraltes y más aún, siguieran perdiendo estabilidad, el ex gobernador Enrique Martínez se lavó las manos y terminó su mandato. El entonces alcalde Guillermo Anaya pese a ser de un partido de oposición tampoco hizo una defensa férrea de la obra que le hicieron en su municipio. La suerte del complejo vial era incierta pese a las promesas de "cirugía mayor'' que hizo al iniciar su mandato el gobernador Humberto Moreira. Fue tras la realización de un tercer dictamen a cargo del Colegio de Ingenieros Civiles de la Universidad de Nuevo León, el que refrendó lo dicho por el IMCYC y recomendó la demolición, pues en caso de reparaciones, no había garantía de obtener buenos resultados.

No cesa la caída de los viaductos

⇒ En agosto de 2004 se "incrementó el factor de seguridad'' mediante la colocación de nuevos rellenos en los viaductos, así como el reforzamiento a base de concreto de ocho columnas. El miércoles 31 de agosto de 2005 El Siglo de Torreón publicó un nuevo reportaje: Fallas en DVR cobran factura, donde se informaba que continuaba la caída de viaductos a razón de dos centímetros por mes y de nueva cuenta se señalaba el eje 80 como base para el monitoreo.

Se confirman las fallas

⇒ El jueves primero de septiembre de 2005 El Siglo de Torreón publicó: Confirma estudio fallas estructurales en el DVR. En este trabajo se dio a conocer que el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (IMCYC), afirmaba que la superestructura corre el riesgo de colapsarse. De acuerdo a la inspección realizada por el organismo, ninguno de los viaductos tiene peraltes, lo que representa un riesgo para los vehículos, aseguró que el proceso de rellenado de curvas y reforzamiento de columnas para incrementar el factor de seguridad en el DVR no fueron adecuados, ya que las superestructuras siguen con movimientos de torsión, presentan fisuras, filtraciones de agua e hizo recomendaciones a atenderse de inmediato como la necesidad de limitar la circulación vehicular a un carril central por cada uno de los viaductos De nueva cuenta vino el excepticismo de los organismos empresariales y las declaraciones prudentes de los candidatos al Gobierno del Estado por el PRI, Humberto Moreira y por el PAN, Jorge Zermeño.

Anuncian la demolición

⇒ El gobernador Humberto Moreira anunció su demolición pero garantizó también que no habría impunidad en este caso comprobado de ineficiencia e ineptitud oficial. Así, el DVR fue cerrado en mayo del 2007 y la demolición se realizó a las 8:30 del domingo 29 de junio de 2008. Previamente y durante meses se realizaron las diligencias legales en el aseguramiento de pruebas y las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades administrativas. El ex gobernador coahuilense y el ex titular de Obras Públicas, Jorge Viesca Martínez, nunca fueron molestados. El segundo de ellos incluso fue exhonerado. En este asunto el único funcionario inhabilitado y quien menos participación tuvo en el desarrollo de la obra y pese a su cargo, fue Manuel Gómez Parra, actualmente inhabilitado por la Función Pública. Pero el asunto legal supuestamente aún no termina todavía, no se le ha fincado a alguien una responsabilidad penal por la obra mal proyectada, mal construida y mal supervisada. Tampoco se ha vuelto a decir quién resarcirá al erario de los recursos invertidos en su construcción en las reparaciones y en su posterior demolición y que se estiman en alrededor de 250 millones de pesos.