La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión del caso de presuntas violaciones graves a los derechos humanos de habitantes de San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, durante operativos policiacos en 2006.
Después de que los ministros analizaron durante una semana el proyecto que presentó José de Jesús Gudiño Pelayo, el pleno del alto tribunal entró de lleno a revisar las actuaciones de corporaciones policíacas federales y locales.
Los ministros se basarán en los resultados de una indagación que realizó una comisión investigadora creada expresamente para averiguar los sucesos violentos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Texcoco y Atenco.
La Corte estudiará en varias sesiones si las autoridades que participaron en una acción de desalojo de comerciantes del mercado de flores de Texcoco y para liberar la autopista Texcoco-Lechería, violaron de forma grave los derechos humanos de manifestantes.
En la propuesta de dictamen de 924 páginas, Gudiño expuso que sí existieron abusos, como resultado de la insuficiencia de leyes sobre el uso y los límites de la fuerza pública, así como de la falta de protocolos que permitan prever y automatizar reacciones violentas.
Al término del análisis de la propuesta, los ministros emitirán un dictamen que contendrá sólo la opinión del máximo tribunal del país sobre estos hechos, en los que mencionará a los participantes, mas no ordenará que se les impongan sanciones.
Ello porque de acuerdo con la Constitución Política Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está facultada para imponer sanciones.
