Prohibición. Los diputados pretenden que se evite el proselitismo político en escuelas públicas de los diferentes niveles educativos. EL SIGLO DE TORREÓN / ARCHIVO
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que reforma el Cofipe y la Ley General de Educación, para evitar que se haga proselitismo político en escuelas públicas de los diferentes niveles educativos.
A propuesta del diputado Ariel Castillo, de Nueva Alianza, el dictamen establece como premisa esencial prohibir el uso del presupuesto destinado a la construcción o mejoramiento de planteles escolares para la promoción política de personas o partidos.
Restringe que los recursos destinados al equipamiento, materiales didácticos y escolares, así como a la actualización de las instalaciones se usen con fines proselitistas.
Asimismo incluye la propaganda subliminal o disfrazada que consiste en pintar los inmuebles destinados a actividades educativas con los colores que identifican a algún partido político o un Gobierno, sea municipal, estatal o federal.
La reforma adiciona un párrafo cuarto al Artículo 25 de la Ley General de Educación y modifica el 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
En la misma reunión, se aprobó una iniciativa que reforma a la Ley del Seguridad Nacional, para que se emprendan acciones destinadas para prevenir y evitar los efectos ambientales, sociales y económicos que trae consigo los efectos del cambio climático.
Publicidad de refrescos será vetada en escuelas públicas
El Senado de la República aprobó una reforma para prohibir la publicidad de refrescos en centros e instituciones de educación pública.
El dictamen fue retirado ayer miércoles de la orden del día, lo que provocó la molestia de perredistas, quienes dejaron entrever la posible "mano" de cabilderos de la industria refresquera.
En la exposición de motivos se recuerda que en 1999 el sobrepeso y obesidad en niñas y niños, entre 5 y 11 años, aumentó de tal manera que uno de cada 5 niños escolares estaba afectado y en 2006, uno de cada 4.
La reforma al Artículo 301 de la Ley General de Salud pasó a la Cámara de Diputados.
La propuesta, del senador Tomás Torres Mercado (PRD), prohíbe así tajantemente que las escuelas de educación básica no reciban publicidad de bebidas gaseosas, carbonatadas o embriagantes, y con ello combatir los altos índices de obesidad infantil.
El senador Antonio Mejía Haro celebró la aprobación de esta medida, pues informó que cerca de 80 mil personas mueren al año por padecimientos relacionados por el consumo de la comida chatarra, como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.
"Somos un país de obesos, después de EU somos segundo lugar. Pero lo que es peor, a nivel de infantes somos el primer lugar" dijo.
Mejía Haro pidió una legislación íntegra en materia de nutrición y alimentación, "pues si no hacemos nada al respecto, no habrá sistema de salud ni financiamiento que soporte en cinco años la atención de las enfermedades" relacionadas con la obesidad.
Recordó que presentó al Senado una iniciativa para limitar la publicidad de comida chatarra en medios de comunicación y así impedir que niñas y niños estén expuestos a una alta cantidad de comerciales que los induce a consumir productos nocivos para su salud.
"Hoy un niño, aparte de estar cuatro horas viendo la televisión de manera sedentaria, está siendo bombardeado con 30 o 40 spots que anuncian comida chatarra", dijo.
El senador Jesús Garibay García recordó que el dictamen aprobado se retiró de la sesión de ayer por intervención del presidente de la Comisión de Salud, Ernesto Saro (PAN) lo cual provocó la molestia de su compañero de bancada, Tomás Torres.
