La Policía Federal Preventiva ingresó a Oaxaca el 29 de octubre de 2006. (Archivo)
Algunos appistas consideraban que si se retiraban las Fuerzas federales, la Asamblea dejaría de ser noticia nacional.
En un documento titulado “La unidad es el camino”, dado a conocer por integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), se revela que consejeros de la APPO estuvieron de acuerdo con el ingreso de la PFP a Oaxaca el 29 de octubre de 2006.
Por primera vez desde el ingreso de la PFP, y ante la coyuntura electoral de la entidad, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) reconoció que grupos de su interior estuvieron de acuerdo con la presencia de las Fuerzas federales en Oaxaca.
“Hubo compañeros que plantearon que si la PFP se retiraba, la APPO dejaría de ser noticia nacional y que seguir manteniendo la presencia de la PFP en la ciudad, significaba en los hechos la ingobernabilidad en el estado”, señala el FPR en el documento.
Más aún, revela que días antes del enfrentamiento de la Policía Federal Preventiva (PFP) con activistas de la APPO, del 25 de noviembre, representantes de esa alianza de organizaciones se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En dicho encuentro se buscaba llegar a un acuerdo mediante el cual se evitara el choque entre los activistas y las Fuerzas federales.
“La Secretaría de Gobernación nos ofreció hacer un mitin en el Zócalo, a cambio de que nos comprometiéramos a abandonarlo al terminar nuestra movilización, sin embargo, esos grupos que hoy se dicen consecuentes con la lucha, se opusieron”, se señala en el texto.
Se agrega que si la marcha transcurría sin incidentes “y nos comprometíamos a no tomar el Zócalo, la Segob se comprometía por su parte, a que a más tardar en tres días, la PFP se iba de la ciudad, para lo que debíamos firmar un documento.
“Pero los compañeros que hoy se oponen a la participación de la APPO en las elecciones, no estuvieron de acuerdo en firmar el texto, y en cambio propusieron formar un cerco alrededor de los policías federales que resguardaban el zócalo”, indica el documento.
La tarde del 25 de noviembre, tras formar ese cerco, la APPO y la PFP se enfrentaron durante más de cuatro horas, hasta que las Fuerzas federales desalojaron a los manifestantes del plantón que mantenían entonces en el atrio del templo de Santo Domingo.
El saldo de ese enfrentamiento fue de más de 140 personas detenidas, decenas de autos quemados y por lo menos 25 edificios del Centro Histórico incendiados.
Luego de 11 días de esos hechos, el líder de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio, sus hermanos Érick y Horacio, junto a Marcelino Coaché e Ignacio Maldonado, fueron detenidos en la capital del país.
La publicación del documento “La unidad es el camino” se dio a conocer en el marco de la participación electoral de grupos ligados al FPR en el próximo proceso electoral del cinco de agosto.
Para esos comicios locales, cuatro dirigentes de organizaciones sociales de la APPO son postulados por el Frente Amplio Progresista (FAP), dos por la vía uninominal y dos por la plurinominal.
Los dos candidatos plurinominales al Congreso local por la coalición Por el Bien de todos, son el profesor Zenén Bravo Castellanos, quien leyó ante la prensa el documento referido y la integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO), María del Carmen López.
Respecto del papel de la APPO en las elecciones, el documento señala que “el debate y las divergencias casi se polarizaron” en el seno de la asamblea estatal de delegados de esa organización, los días diez y 11 de febrero.
Ayer comenzó la Asamblea Estatal de la APPO, en la cual buscarán definir el rol que jugarán en las elecciones y se espera que mañana se conozcan los resultados de las discusiones que sostendrán los dos bloques, si se reúnen o aumentan sus diferencias.
Investigación debe llegar a los más altos niveles: ONG
Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos celebraron la propuesta de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigue la actuación de ex funcionarios y servidores públicos, durante el conflicto magisterial de Oaxaca, por violaciones graves a los derechos fundamentales.
Sin embargo, advirtieron que el deslinde de responsabilidades debe alcanzar a los más altos niveles de la cadena de mando, es decir, el ex presidente Vicente Fox y los ex secretarios de Gobernación, Carlos Abascal, y de Seguridad Pública, Eduardo Medina-Mora.
El ministro Juan Silva Meza propuso a la Corte crear una comisión para el caso Oaxaca, encabezada por dos magistrados federales, que investigue, como ya lo hace en el caso de San Salvador Atenco, las violaciones a derechos humanos registradas durante el conflicto en la capital oaxaqueña.
“La cadena de mando es muy amplia, va desde los policías municipales al gobernador Ulises Ruiz, pasando por los jueces y magistrados que negaron los amparos, el ex presidente Vicente Fox y los ex secretarios de Seguridad Pública y Gobernación”, afirmó Adrián Ramírez López, presidente de la LIMEDDH.
Consideró que el pronunciamiento que, eventualmente, emita la Corte sobre el caso Oaxaca debe ir más allá de lo dicho hasta ahora sobre San Salvador Atenco, pues “hay un cúmulo de evidencia reunido por las Organizaciones No Gubernamentales que dieron seguimiento al conflicto y por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.
“Tenemos documentadas detenciones ilegales, tortura, uso excesivo de la fuerza pública, agresiones de integrantes de los cuerpos policiacos y también que los mayores abusos se dieron con la intervención de las autoridades federales, de la Policía Federal Preventiva (PFP)”, explicó.
El activista advirtió que existe el riesgo de que las violaciones a derechos humanos cometidas por algunos funcionarios involucrados en los hechos queden impunes, ya que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) los ha ubicado en los primeros sitios de las listas plurinominales de candidatos a diputados para las elecciones que se realizarán en esa entidad en agosto.
