Investigarán dónde se encuentran los muebles que se sacaron en anterior administración
El Siglo de Durango
El Gobierno Estatal anunció ayer la recuperación de la ex Hacienda La Ferrería, tras adquirirla en 5.5 millones de pesos a sus legítimos dueños, la familia Mertins originaria de Alemania, a la que le dieron la mitad del pago en el acto de entrega, y le darán el resto el año entrante.
Sin embargo, nadie supo explicar el paradero de más de tres centenares de bienes muebles, considerados como piezas de alto valor histórico y económico.
Esas piezas fueron extraídas por funcionarios de la anterior administración estatal y constituían el valor real de esta propiedad ubicada al sur de la ciudad de Durango.
Ayer, al terminar el acto protocolario de entrega de la ex Hacienda, Jesús Edgardo Guillén Reyes, apoderado legal de Joerg Thomas y Helmut Gerhard Mertins, afirmó que el Gobierno de Durango es quien debe tener la posesión del mobiliario, valuado en varios millones de pesos.
Al cuestionar al gobernador Ismael Hernández Deras sobre la situación de los históricos muebles que significaban el principal atractivo del Museo de La Ferrería hasta hace poco, el mandatario dijo categórico: ?no lo sé, oiga... Vamos a verificar qué pasó. Yo no sé. Es el primer día que estamos aquí?.
Guillén dijo que sus representados ya no lucharán por recuperar las referidas joyas históricas, pues durante la pasada administración fueron acremente criticados y denostados por las autoridades, ?y ya quieren acabar el conflicto?; aunque, puntualizó que el valioso inventario sí se quedó en resguardo del Gobierno del Estado cuando se iba a hacer la entrega en septiembre del 2003.
El gobernador Hernández Deras, por su parte, señaló que ?fue un gran logro? recuperar extrajudicialmente la ex Hacienda a un precio ?simbólico? de 500 mil dólares, en virtud de que la familia Mertins había ganado la batalla legal en su última instancia: la Suprema Corte, y de que tenía proyectado pedir diez veces más por la propiedad.
El mandatario estatal clarificó que no sabe y que va a verificar qué pasó con el mobiliario que se encontraba dentro de la ex Hacienda.
Según lo denunció El Siglo de Durango precisamente hace dos años, el 13 de septiembre del 2003, el gobierno estatal incurrió en el desmantelamiento de la ex hacienda La Ferrería e incumplió el Código Civil del Estado, al desmontar mobiliario que legalmente se contempla como parte del inmueble, según lo dijo en ese entonces Jesús Edgardo Guillén Reyes, representante legal de la familia Mertins.
En la publicación de hace dos años, Guillén consideró que se suman más irregularidades al asunto del litigio. La nota dice: ?Aunque Guillén Reyes dijo que sus clientes no aceptarán el inmueble, ni mucho menos el ?casco? de la ex hacienda, indicó que ha podido observar que el gobierno estatal prácticamente está desvalijando el edificio?.
Durante el evento de ayer por la mañana, tanto Joeg Thomas Mertins como Edgardo Guillén Reyes, expresaron su disposición de acabar en definitiva con un pleito judicial que les causó daño y confrontaciones personales con las autoridades de la pasada administración estatal.
Por su parte, el Gobernador les agradeció la disposición de vender a bajo precio y en dos abonos la ex Hacienda. Luego convocó a la comunidad cultural a definir qué tipo de museo se deberá instalar dentro de las salas y salones de La Ferrería.
Antecedentes
En la publicación de El Siglo de Durango de fecha 13 de septiembre de 2003, se añade que Guillén... ?expuso que el Gobierno no está cumpliendo con la sentencia que se emitió desde el año pasado (2002), en la que se ordenó desde un principio la entrega del mobiliario, junto con su inmueble, según las condiciones en que se encontró en la expropiación en 1988?.
Agrega la nota: ?(El abogado de los Mertins) dijo que se incumplió con el artículo 744 fracción III del Código Civil, que determina que son bienes inmuebles ?todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido?.
?La fracción IV del mismo artículo establece que son bienes inmuebles las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados en edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo?.
En la información de ese día se evidenció que ?la remoción del resto del mobiliario que aún quedaba en la ex hacienda de La Ferrería fue trasladado a las bodegas del Gobierno del Estado desde la semana anterior ?mediados de septiembre del 2003?.
Presunto saqueo
Según consta en copia del acta de cotejo de bienes de la ex Hacienda de la Ferrería, elaborada el 20 de octubre de 1999 por el abogado de la familia Mertins y el representante de la pasada administración estatal, Gerardo Cajero Navarro, en total fueron 167 conceptos distintos de bienes los primeros que se ?extraviaron? luego de ser expropiados por el Gobierno en perjuicio de los alemanes.
En ese entonces, en una diligencia que duró más de dos horas y media, Cajero Navarro firmó el cotejo de que no estaba esa parte de los bienes que habían sido expropiados a la familia Mertins tras la emisión del decreto publicado el 10 de noviembre de 1988 en el Periódico Oficial del Estado.
Entre otros, los muebles que fueron saqueados y que ahora nadie sabe dónde están, son los siguientes: mesas de distintas especificiaciones, cabeceras de madera labrada, burós, sillas de diversos tipos, cuadros al óleo, sofás, camas, baúles y juegos de sala.
También: espejos, alfombras, tapetes, candelabros, floreros, estandartes, vitrinas, cómodas, gabinetes, adornos, lámparas, mesas, faroles, candiles, trasteros, retablos, vacijas, roperos, puertas, jarrones, esculturas, etcétera.
Todos con alto valor histórico, cultural y económico, al grado que la familia Mertins, cuando obtuvo la revocación del decreto de expropiación, le pedía a la administración de Ángel Sergio Guerrero Mier el pago de siete millones de dólares (70 millones de pesos, aproximadamente) a cambio de que el Estado continuara como propietario de la ex Hacienda.
Memorando
Un memorando elaborado por el despacho de Jesús Edgardo Guillén Reyes y Asociados, detalla que la familia Mertins vivía en la Casa Grande de La Ferrería hasta el momento de la expropiación en 1988, por decreto del entonces gobernador José Ramírez Gamero.
El escrito de Guillén agrega que el fin de la expropiación supuestamente era la protección, preservación, conservación, recuperación y acrecentamiento de dicho inmueble y de su mobiliario, y que debería permanecer unido en virtud de que tanto el inmueble como su contenido fueron considerados monumentos históricos.
Sin embargo ?precisa- ?como no se cumplió el fin de la expropiación, en mi calidad de apoderado legal promoví el 10 de noviembre de 1998 ante el Gobernador del estado, que fue la autoridad expropiante, el recurso administrativo de revisión o insubsistencia del decreto expropiatorio.
Con fecha 20 de septiembre del 2001 se dictó sentencia en el recurso, declarando improcedente la petición o insubsistencia del decreto expropiatorio. Y en contra de la resolución del Gobernador en ese sentido, Guillén promovió juicio de amparo indirecto, y el 6 de febrero del 2002 se dictó sentencia a favor de sus representados. El gobierno interpuso recurso de revisión, pero la sentencia fue firme de nuevo hacia los Mertins.
Por eso es que a finales de agosto del 2003, casi diez meses después de que se había emitido la sentencia definitiva a favor de los Mertins, el Gobierno de Guerrero Mier preparó la entrega, pero, previo a ella, sacó todo el mobiliario para hacer la entrega simplemente del cascarón o el inmueble, sin los artículos históricos.
