25 de mayo 2004.
México, D.F., (EFE).- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, envió en 2001 un informe al juez Álvaro Tovilla León en el que reconocía que se continuaba la construcción de vialidades en la zona del predio expropiado El Encino.
Con base en ese documento, firmado por López Obrador, el juez concluyó que la única autoridad responsable del incumplimiento a la suspensión definitiva era precisamente el jefe de Gobierno.
La postura del político contrastó con la que asumieron los secretarios de Gobierno, de Desarrollo Urbano, de Seguridad Pública y el jefe delegacional de Cuajimalpa, quienes en los reportes que le enviaron al juez, negaron que se hubiera violado la suspensión definitiva y le señalaron que no efectuaron ningún acto tendiente a desobedecer la orden judicial.
De acuerdo con especialistas, si López Obrador hubiera alegado que la sentencia se había acatado, aun cuando representantes legales de la empresa probaran lo contrario, la responsabilidad del incumplimiento seguramente hubiera recaído en un funcionario menor y no en el titular del Ejecutivo local.
Ese reconocimiento, consideran, es un error de defensa atribuible a la consejería jurídica capitalina, pues López Obrador firma los documentos con el aval de dicha área.
Al respecto, la consejera jurídica de las autoridades capitalinas, María Estela Ríos, rechazó que haya incurrido en alguna irresponsabilidad o exceso de confianza en el caso. "Agotamos todos los recursos y dimos todas las instrucciones (pertinentes)", dijo.
En su conferencia de prensa, López Obrador insistió en que no violó amparo ni ley alguna. "No cometí ningún delito", señaló.
El funcionario envió una carta a Rafael Macedo, titular de la Procuraduría General de la República, para exigirle copia del expediente del caso, ya que desconoce la causa por la que piden su desafuero.
