Factores de corrupción detectados entre tortilleros y beneficiarios, irregularidades en el manejo de la tarjeta de tortibonos, y la reorientación del presupuesto gubernamental a programas integrales y de mayor impacto en segmentos pobres, sentenciaron al Programa de Tortilla a la desaparición definitiva en este 2003, según datos aportados por la gerencia estatal Liconsa y la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social.
De acuerdo con datos oficiales, en junio del 2002 había un padrón de 23 mil familias beneficiarias del tortibono, repartidas en los municipios de Durango, Cuencamé, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Lerdo, Santiago Papasquiaro y Tlahualilo, con un presupuesto mensual de 2 millones 794 mil pesos, es decir, que se ejercieron alrededor de 33 millones en ese año.
Sin embargo, los datos de la gerencia Liconsa asentaron que al mes de febrero de este 2003 estaban registradas 11 mil familias con derecho a tortibono, pero la tendencia era a reducir a cero el padrón de este programa, tentativamente entre septiembre y octubre.
Actualmente para el ejercicio 2003 se tiene previsto un presupuesto de 8 millones de pesos, lo que implicará una reducción gradual en los próximos meses en el número de beneficiarios, hasta desaparecer en su totalidad este programa.
Adicionalmente a la sentencia de finiquitar el plan de “tortivales”, las tortillerías que trabajan en este esquema también serán eliminadas del programa y continuarán en su giro normal de comercialización, apuntó el diagnóstico presentado por la gerencia de la paraestatal, incorporada a la Secretaría de Desarrollo Social.
De un padrón de 290 tortillerías que funcionaban en la entidad, hasta el momento han sido eliminadas 70, pero la tendencia implica quitar los convenios que hay entre la paraestatal y los establecimientos que tenían máquinas lectoras de tarjetas, revelaron las líneas de acción de las políticas trazadas en el proceso de desaparición del programa.
El gerente de Liconsa, Joel Rosas Torres, matizó la postura y reconoció la existencia de irregularidades y hechos de corrupción en la operación del multicitado programa, pero reiteró que uno de los motivos principales de la desaparición de las tarjetas de tortillas es la reorientación del presupuesto gubernamental a programas de mayor impacto en el combate a la pobreza.
Por su parte, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Félix Cháidez Saucedo, sostuvo que el Programa de Tortillas lejos de generar un beneficio a familias en condiciones de pobreza, se prestó a vicios y situaciones de corrupción. Agregó que la política es reorientar los presupuestos a programas que representan una ayuda integral y de más impacto en los sectores de mayor vulnerabilidad.
