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CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.- Legisladores estatales acordaron pedirle al Gobierno Federal que entierre en confinamientos especiales cientos de toneladas de metales contaminados con Cobalto 60.
Dichos residuos, actualmente se encuentran al aire libre en el desierto cercano al ejido Samalayuca, a 60 kilómetros al sur de esta frontera, así como otros residuos que están en la sierra de Nombre de Dios, cercana a la ciudad de Chihuahua.
Luis Valenzuela Colomo, presidente de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado, dijo que es necesario y urgente que el gobierno federal realice estudios de fondo sobre el tiradero nuclear de Samalayuca, en donde están depositadas más de 15 mil toneladas de material radiactivo en fosas construidas hace 20 años, además del material que fue depositado sobre la arena, en los últimos cinco años, lo que ocasiona contaminación y peligro al medio ambiente y a la población.
Ese material llegó al citado ejido, luego del accidente nuclear ocurrido en 1983, cuando Vicente Sotelo Alardín, empleado de intendencia del hospital privado Centro Médico de Especialidades, vendió a una fundidora un aparato de rayos equis que utilizaba Cobalto 60 y que el hospital había comprado desde 1977 sin permiso oficial de las autoridades.
El equipo se fundió y elaboraron varilla y mesas y sillas, que al ser exportadas a los Estados Unidos en enero de 1984, activaron equipos detectores de contaminación en una garita del estado de Nuevo México.
El 19 de enero de 1984 se descubrió que el metal contaminado provenía de las empresas Aceros de Chihuahua y Falcón de Juárez, las cuales fueron cerradas para limpiar el área y el material fue enviado, un año después, al confinamiento que construyeron en Samalayuca.
Valenzuela Colomo dijo que este es el accidente nuclear más grande que se ha registrado en México y que las autoridades federales que gobernaban el país ocultaron los hechos y minimizaron el accidente, ya que nunca se supo cuantas personas fueron afectadas.
Hace seis años encontraron en la colonia Nombre de Dios, ubicada en la ciudad de Chihuahua, varios cientos de toneladas de varillabalto 60, y las autoridades estatales comenzaron a trasladar el material a Juárez, lo que ocasionó protestas de las organizaciones ecologistas no gubernamentales.
El material, asegura Valenzuela, se encuentra al aire libre y eso puede representar un peligro para la población por lo que es necesario realizar estudios de fondo en la zona.
