Reconstruir la credibilidad de la burocracia entre Gobierno y ciudadanía es un reto que implica trabajo en doble sentido.
La carga administrativa es la experiencia que la ciudadanía percibe como onerosa o costosa cuando el Gobierno impone procesos o trámites. Tomar en cuenta que las condiciones personales en términos de salud, educación, cognitivas, inteligencia, económicas, entre otras, son diferentes en cada persona que acude a recibir servicios de Gobierno, nos permite luchar desde adentro por un modelo más allá de la eficiencia interna y más cercano a la universalidad.
Para ello, reconstruir la credibilidad y combatir los antivalores de la baja confianza en la burocracia entre el Gobierno y la ciudadanía es todo un reto que implica trabajo en doble sentido. Por un lado, en la confianza que la ciudadanía otorga a las instituciones para no partir de cero en este camino por mejorar. Y, por otro lado, el Gobierno que aprende a confiar y escuchar adentro a su burocracia y procesos, y afuera, a la ciudadanía.
Para tomar decisiones, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), tiene por objetivo presentar información sobre las experiencias y percepción de la población en trámites y servicios públicos proporcionados por los diferentes niveles de Gobierno. En su lista de nivel de percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores 2019, concluye que nuestro país tiene más confianza a nivel Gobierno federal, seguido a nivel municipal y finalmente estatal con 51.2%, 44.3% y 40.5% respectivamente, de la población de 18 años y más. El orden es el mismo si comparamos estos datos con Coahuila; pero con la diferencia, en que estos porcentajes de confianza, están por encima de los que se tienen a nivel nacional 63.3%, 59.2% y 52.6%.
En el camino por consolidar la confianza entre burocracia y ciudadanía, una de las áreas por explotar, como parte de los servicios públicos municipales, es la atención a los procesos y tramitología; empezando por identificar los costos que trasladamos y afianzamos a la sociedad, en nuestro desempeño como funcionariado: Costos de aprendizaje. Para conocer y entender la política pública, trámite o proceso que convoca; Costos psicológicos. Relacionados con la pérdida de autonomía por solicitar información personal, la baja confianza en la capacidad de la burocracia y la capacidad propia de hacer frente ante una acción injusta de la autoridad; Costos de cumplimiento. Aquellos relacionados con atender a los requisitos solicitados.
MEJORAS EN TRÁMITES
Como punta de lanza en el tema, en el Implan Torreón, desde la Dirección de Competitividad Sectorial, se han impulsado acciones a favor de actualizaciones y mejoras en 2 de los 29 trámites existentes en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo: la constancia de alineamiento y número oficial, y la licencia de construcción.
Así, atender estas propuestas es escuchar a la ciudadanía a través de sus instituciones de gobierno es generar confianza en las acciones que propone el funcionariado que busca contribuir a la igualdad social, desde las muy particulares condiciones de los torreonenses.
Por Lic. Frida Valeria García Gutiérrez
Directora de Proyectos Estratégicos en el Implan
