Al concluir los litigios de los dos regidores inhabilitados en el Ayuntamiento de Francisco I. Madero, el Congreso podría determinar si se procede en contra del o los funcionarios involucrados y del propio alcalde Jonathan Ávalos, aunque termine la actual Administración, pues son procedimientos que siguen su curso, afirmó el diputado de Acción Nacional (PAN), Rodolfo Walss Aurioles.
Al concluir los litigios de los dos regidores inhabilitados en el Ayuntamiento de Francisco I. Madero, el Congreso podría determinar si se procede en contra del o los funcionarios involucrados y del propio alcalde Jonathan Ávalos, aunque termine la actual Administración, pues son procedimientos que siguen su curso, afirmó el diputado de Acción Nacional (PAN), Rodolfo Walss Aurioles.
Resaltó que judicialmente no se ha tomado una decisión definitiva, sin embargo, tienen que esperar a que los jueces emitan una resolución, por lo que los diputados tendrían que esperar a que concluyan los procesos.
“Termina la administración pero los litigios siguen, estos hechos ya se cometieron y en caso de que se dé la razón a los regidores, aunque ya no sean ediles en el momento en el que los jueces decidas, puede haber una sanción para los responsables que en esta caso podría ser el alcalde y algunos de sus funcionarios”.
Reiteró que la sanción será independiente de que continúen o no en el puesto, haciendo referencia tanto para el alcalde, como para los directores involucrados.
En relación a los acuerdos en el pleno del Cabildo en las que se les impide a los regidores participar, pueden quedar sin efecto, si los afectados deciden impugnarlos.
Como se recordará en octubre de 2020, la Contraloría Municipal, inhabilitó a Pablo Navarro, con el argumento de que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIR) y la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) solicitó al municipio fincar responsabilidades contra del edil por la facturación de recursos por 3.6 millones de pesos en medicamentos, mismos que no fueron justificados.
De la misma forma Juan Carlos Perales Esparza, el pasado mes de marzo se le notificó por parte de la Contraloría su inhabilitación, al asegurar que incurrió en una irregularidad, filtrar a los medios de comunicación información que calificó como reservada, sobre la observaciones por la Auditoria Superior del Estado, en la revisión de las cuentas públicas, del 2019 .
Ambos ediles iniciaron un proceso ante las instancias correspondientes y aseguran que, en oficios que se les enviaron se les notifica que no tienen ninguna inhabilitación por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, sin embargo siguen bloqueándolos para que desempeñen sus funciones.
