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En el Instituto Nacional Electoral (INE) existe preocupación porque los activos virtuales comiencen a ser utilizados en las campañas electorales, dijo la Consejera Electoral, Carla Humphrey. "Por supuesto el tema de los activos virtuales es un tema que nos preocupa, que se empiecen a usar en las campañas electorales o como medio de financiamiento a partidos políticos", reconoció.
Durante su intervención en el 17 aniversario de la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que todavía hay muchos temas que se deben reflexionar en el marco de las elecciones. Señaló que durante los procesos electorales todavía no hay un seguimiento a actividades vulnerables como en los casos de las que realizan abogados, notarios, en la compra de inmuebles, joyas y arte entre otros. "Creo que es algo que debemos a empezar a introducir y visualizar, a reportar y a pedir información", manifestó.
Hay que ver que hay otros delitos que dan pie al lavado de dinero, como la corrupción en primer lugar y el desvío de recursos públicos que se destinan a otros propósitos que van al bolsillo de muchos personajes y su impacto en la sociedad, consideró.
BOOM DE FACTURERAS
Al hablar sobre el financiamiento de campañas y el lavado de dinero en el evento organizado por la UIF y la Universidad de las Américas Puebla, dijo que ahora debemos ser sensibles que el marco de un mundo muy complejo e interconectado, y un boom de empresas fachada o factureras, en donde desafortunadamente hay una serie de tipologías que no habían sido visualizadas en el contexto electoral.
"En los dos últimos sexenios anteriores y con este boom de empresas fachada para desviar recursos públicos, claramente con el tema de corrupción y lavado de dinero en campañas electorales, es un riesgo que tenemos que empezar a combatir desde los procesos electorales", afirmó. Reconoció que en este proceso electoral no se pueden hacer modificaciones, pero cuando menos se deben hacer cambios normativos o al reglamento.
Estableció que si bien los partidos políticos tienen un marco normativo robusto, año tras año, y con cada fiscalización, van cambiando las dinámicas para darle la vuelta al cumplimiento de la ley. Dijo que la falta de información, clara y oportuna que ayuda a resolver no sólo a comprobar la veracidad de lo que reportan sino a desahogar las denuncias que se presentan, todavía hay quejas que datan de 2014 como el caso de Obedrech.
Mencionó que junto con la UIF, el INE cuenta con un padrón de proveedores establecido por la normatividad desde 2014, con el cual se supone que ningún candidato o candidata, puede efectuar operaciones con ninguna persona física o moral que no esté registrada. Sin embargo, destacó que cada año sancionan a los partidos políticos porque incumplen con esta obligación. "El padrón es una forma de transparentar quiénes son, dónde están, a qué actividades se dedican", explicó.
Indicó que en análisis del padrón de proveedores vigente para este proceso electoral, hay cerca de 22 mil personas, en donde la UIF encontró coincidencias en operaciones financieras en 20 mil de ellas. Aclaró que si bien no quiere decir que esas empresas sean supuestas factureras, se requiere más información porque hay alertas distintas respecto a empresas de nueva creación o nula actividad económica y con un monto importante de recursos o que no tienen la capacidad para facturar o dicen que facturan a partidos políticos.
Consideró que se puede ver al INE como una institución que puede colaborar en la prevención del lavado de dinero, combate a la corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita que sirvan a la UIF, ya que en la evaluación de riesgos hay un componente electoral.
