El 80 % de estos casos ocurrió en zonas rurales, sobre todo en territorios donde abundan los cultivos ilícitos. (ARCHIVO)
La Defensoría del Pueblo de Colombia tuvo conocimiento de hasta 83 casos de reclutamiento forzado de menores desde que entraron en vigor las medidas de confinamiento por la pandemia, el 17 de marzo de 2020, hasta septiembre, cuando finalizó la fase estricta, según un informe divulgado este martes.
El 80 % de estos casos ocurrió en zonas rurales, sobre todo en territorios donde abundan los cultivos ilícitos, y el 33 % de los reclutados eran menores de 14 años, señala un informe sobre la extensión de este crimen de lesa humanidad en el país.
Casi 200 municipios en toda Colombia estuvieron en riesgo de reclutamiento forzado en 2020, año en que la Defensoría emitió hasta 46 alertas tempranas donde se avisaba el riesgo de reclutamiento forzado.
En 2021, por otro lado, ya son cinco las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo que hay de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo (el mayor grupo criminal del país), disidencias de las FARC o la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"A la Defensoría del Pueblo le preocupa la persistencia del reclutamiento, uso y utilización en Colombia (de) las viejas dinámicas del conflicto, que se han transformado a través de las nuevas modalidades de violencia después de la firma de los acuerdos de paz", señala el informe.
En algunos casos, fenómenos como el abandono, el maltrato infantil o la violencia intrafamiliar o sexual, así como la pérdida de seres queridos, pueden llevar a los menores a sumarse a grupos armados buscando protección.
"Son preocupantes los casos de reclutamiento en donde el niño, niña y adolescente tiene la 'voluntad' de ingresar a los grupos armados ilegales", se extrae del informe, que apunta también al uso de menores como escudos humanos.
POLÉMICA DE LAS 'MÁQUINAS DE GUERRA'
El uso ilegal de menores por parte de grupos armados fue tema de discusión en el país en los últimos meses, después de que se hiciera público que el Ministerio de Defensa ordenó el bombardeo de un campamento donde supuestamente habitaban disidencias de las FARC en Calamar (Guaviare) y donde se reveló que había varios menores.
El bombardeo se produjo el pasado 2 de marzo y el Gobierno informó que murieron doce personas, de las cuales, al menos una se confirmó más tarde que era menor de edad.
El ministro de Defensa, Diego Molano, defendió a mediados de marzo el "uso legítimo de la fuerza" contra menores reclutados por grupos armados porque dejan de ser víctimas y se convierten en "máquinas de guerra".
