Formosa fue noticia en enero por denuncias de violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamiento.
La provincia argentina con menos casos de coronavirus volvió a ser noticia por sus controvertidos métodos para controlar a su población.
El gobierno de Formosa, situada a 1,100 kilómetros al norte de Buenos Aires, reestableció el aislamiento social preventivo y obligatorio en la capital provincial del mismo nombre desde el jueves hasta el 18 de marzo por un brote de COVID, pero la medida fue rechazada por comerciantes y empresarios de la capital formoseña, quienes se movilizaron este viernes frente a la gobernación. También asistieron ciudadanos y dirigentes opositores al gobernador peronista Gildo Insfrán, en el cargo desde 1995.
La manifestación fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad que custodiaban el edificio. Según imágenes difundidas en canales de televisión y redes sociales, la policía lanzó gases y balas de goma para disipar la protesta.
No hubo reporte oficial de heridos y arrestados, pero según la filial argentina de Amnistía Internacional "varias personas resultaron heridas y detenidas, incluyendo periodistas".
Entre los heridos está la concejala Gabriela Neme, quien "sufrió el esguince de su brazo" mientras intentaba dialogar con la policía y "tuvo que ser hospitalizada", dijo la organización humanitaria.
"Las personas tienen derecho a la protesta social. El Estado debe garantizar el derecho a manifestarse y tomar los recaudos necesarios para asegurar que las fuerzas de seguridad se conducirán de acuerdo a los estándares internacionales", dijo Amnistía.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reclamó "la inmediata liberación" de la periodista Julieta González, de radio Parque, "detenida mientras realizaba la cobertura de los incidentes".
En tanto que el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, afirmó que "el Estado debe garantizar la libre expresión pacífica de la ciudadanía". El presidente Alberto Fernández pertenece al mismo partido de Insfrán.
Formosa fue noticia en enero por las denuncias por violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamiento dispuestos por la provincia para casos sospechosos y contagiados de coronavirus. También por impedir el ingreso de personas que no acrediten domicilio en la provincia.
