Coparmex envía cartas a diputados sobre riesgos de iniciativa energética, El Siglo de Torreón
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Finanzas

Coparmex envía cartas a diputados sobre riesgos de iniciativa energética

Advierten de afectaciones si se avala la propuesta del Gobierno de México

FABIOLA P. CANEDO / EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH, domingo 21 de febrero 2021, actualizada 10:16 am

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Pide Coparmex a diputados federales analizar las afectaciones por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, antes de votarla.

Fernando Menéndez Cuéllar, presidente de la Coparmex Laguna, señaló que los centros empresariales de todo el país han enviado cartas a legisladores federales para advertirles los riesgos de aprobar una reforma sin tomar en cuenta a los ciudadanos, pues señala que aprobar la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo impactará en las tarifas y dañará la economía de familias, trabajadores y empresas.

Consideró que hay que privilegiar a los usuarios y no a una sola empresa, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Señaló que los recientes apagones y las crecientes fallas en el sistema eléctrico nacional que están afectando no sólo a las empresas sino a miles de familias, obligan a reflexionar si la pretensión de reformar la actual Ley de la Industria Eléctrica no terminará perjudicando a los mexicanos para beneficiar a una sola empresa, la CFE.

Indicó que, tan sólo en estos días, se han perdido más de mil 500 millones de pesos y se afectó al 80 por ciento de las maquiladoras y sus trabajadores, a usuarios y familias completas, a enfermos cuya salud depende de aparatos eléctricos y a pequeños y medianos emprendedores que apenas estaban reactivando sus labores tras la restricciones impuestas por los semáforos epidemiológicos en color rojo.

En este contexto y ante la desatención a las recomendaciones emitidas en días previos en diálogos sostenidos con representantes del Congreso de la Unión, los 68 centros empresariales de Coparmex han enviado este viernes cartas a los diputados federales que representan su ciudad o entidad federativa, para advertirles de los severos daños que puede tener la decisión de aprobar esa reforma tal como la envió la Presidencia de la República.

En las misivas se deja en claro que el primer efecto pernicioso de aprobarse la iniciativa preferente en sus términos, será un alza en las tarifas. Estas aumentarán 17% y el costo deberá ser pagado por los usuarios o mediante subsidios por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que significa que a final de cuentas serán los mexicanos quienes asuman ese costo, ya sea en el recibo o mediante impuestos.

A los legisladores federales se les explicó que con el aval a las modificaciones legales tampoco se generará mayor eficiencia, pues el costo total de la energía producida por las plantas de la CFE fue 26% mayor al de la generación de los productores independientes de energía y tuvo el doble del costo obtenido en las Subastas de Largo Plazo. Esto no es lo deseable, ni para el país ni para los ciudadanos.

Dijo que tanto México como la CFE tienen un déficit de energía “barata” y en el contexto de la crisis económica y sanitaria por la que atraviesa el país, las energías limpias representan una gran oportunidad para que lo público y lo privado demuestren que no son agua y aceite, sino la palanca de desarrollo para la reactivación económica que tanto necesita el país.

"México necesita seguridad energética y con los recientes apagones en diversos estados del país ha quedado de manifiesto que garantizar un servicio confiable, suficiente y de calidad, requiere de la participación de la inversión privada para coadyuvar en esta meta", expresó.

A este diagnóstico hay que agregar que, de ser aprobada la reforma, corre el riesgo de ser impugnada legalmente desde el primer día, ya que el Gobierno actual suscribió el T-MEC y no puede ni debe desconocer los compromisos que asumió. En este caso, la Cámara de Comercio de Estados Unidos ha calificado al proyecto de reforma como “preocupante”, ya que violaría compromisos establecidos en el Tratado trilateral, además, de que aumentaría “significativamente” el costo de la electricidad y limitaría el acceso a la energía limpia para los ciudadanos de México.

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