La Secretaría de Gobernación (Segob) denunció ante la ante la Fiscalía General de la República (FGR) la filtración de expediente del caso Ayotzinapa. (ARCHIVO)
La Secretaría de Gobernación (Segob) denunció ante la ante la Fiscalía General de la República (FGR) la filtración de expediente del caso Ayotzinapa.
De acuerdo al diario Reforma, el subsecretario Alejandro Encinas comunicó que "la Consejería Jurídica presentó ayer (viernes) la denuncia penal ante la FGR por la filtración sobre el caso Ayotzinapa".
La Comisión de Ayotzinapa exhorta se investigue a los servidores públicos responsables”, agregó el funcionario.
De acuerdo con el expediente, los 43 estudiantes dela Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron detenidos junto con una treintena de personas en una operación conjunta de militares, policías y sicarios entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Un grupo de ellos fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero y luego entregado a los narcos para su desaparición, de acuerdo con declaraciones de un testigo protegido de la FGR identificado como “Juan”.
“El Código Penal Federal contempla como delito Contra la Administración de Justicia cometido por servidor público, el dar conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o de resolución dela autoridad judicial sean reservados y confidenciales”, se establece en la denuncia de la Segob.
“En caso de ser cierto lo que se publica en el periódico, el suscrito desconoce el nombre del servidor público que haya divulgado la información o documentación reservada, pero salvo error de apreciación de nuestra parte, se desprende que los responsables de la filtración lo son aquellos que están a cargo de la investigación denominada caso Ayotzinapa”.
La declaración del testigo colaborador de la FGR arrojó nuevos elementos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Tras la captura y el interrogatorio a varios de ellos, algunos en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, fueron asesinados y sus cuerpos destacados con machetes.
Varios fueron cremados en Servicios Funerarios “El Ángel”, ubicados a las afueras de Iguala; y algunos más disueltos en ácido, de acuerdo con la versión de “Juan”.
En la funeraria tardaron dos días en cremar los restos humanos. A un empleado del crematorio los narcos del grupo Guerreros Unidos le regalaron una camioneta por servicios prestados.
La declaración del testigo, rendida ante la Unidad Especializada para el Caso Ayotzinapa en febrero de 2020, permitió la detención del Capitán José Martínez Crespo -señalado como operador de las detenciones de los normalistas- y la solicitud de 17 órdenes de aprehensión más contra militares.
Además, permitió ubicar en una cañada de Iguala los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, otro de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.
El grupo criminal Guerreros Unidos nació como un desprendimiento del llamado Cártel de los Beltrán Leyva en Guerrero, y su primera escisión y guerra interna fue ocasionada por un cargamento de opio de 9 millones de pesos asegurado por el Ejército.
Con base en Iguala, Guerreros Unidos empezó a usar esa denominación en octubre de 2010, cuando los hermanos Osiel, Víctor Hugo y Orbelín Benítez Palacios, conocidos como “Los Tilos”, ejecutaron a José Ángel Nava Marino “El R2”, sobrino de Jesús Nava Romero “El Rojo”, el líder de “Los Rojos” que fue abatido con el capo Arturo Beltrán Leyva “El Barbas” en diciembre de 2009 en Cuernavaca.
En 2014, después de operar como un grupo autónomo, Guerreros Unidos sufrió una fractura que derivó en una guerra regional que probablemente tuvo entre sus víctimas indirectas a los 43 normalistas de Ayotzinapa, según la declaración del testigo protegido “Juan”.
